Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- El último Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) expuso que Quintana Roo tiene uno de los Poderes Judiciales Estatales de más pobre rendimiento en la impartición de justicia en el 2024, y a pesar de eso el gobierno del estado se ha dado el lujo de mantener en la persona de Heyden Cebada Rivas a un ocioso magistrado al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) y que además pretende supervisar ilegalmente las funciones de los otros dos nuevos órganos judiciales creados.
Síntoma del ocio privilegiado del que goza el sujeto que cobra con magistrado sin ejercer como tal es que, poco antes de que se diera a conocer el censo judicial del Inegi, Heyden Cebada Rivas fue captado en una fiesta parrandera en la zona hotelera de Cancún, como mostraron imágenes que circulan en redes sociales, donde se asegura que al sitio fue con vehículo oficial, chofer y escoltas, por lo que se hace dudar de que el gasto de la celebración haya salido de su bolsillo.
Mientras tanto, el privilegiado y festivo magistrado, que por decreto fue dejado otros 8 años más en el Poder Judicial del Estado, tiene posicionado a Quintana Roo en el antepenúltimo lugar en rendimiento de la impartición de justicia 2024, último año completo que le tocó presidir el Consejo de la Judicatura del Estado, que se encargaba de administrar y disciplinar a los juzgados, además de presidir el TSJE.
A pesar de que en ese año ejerció un gasto de casi 900 millones de pesos (891.2 millones, para ser exactos), el Poder Judicial del Estado emitió solo una ínfima fracción de las sentencias promedio en el país.
Tal es el caso del registro de sentencias emitidas y publicadas que presenta en sus resultados el Inegi, donde Quintana Roo aparece con apenas mil 205 emitidas, con lo que se colocó en el lugar 30 del país, el antepenúltimo, lo que es también el tercer estado con menos sentencias.
En este registro, es superado por Campeche, que ejerció 333 millones de pesos, apenas poco más de una tercera parte del presupuesto judicial de Quintana Roo, y publicó 4 mil 604 sentencias, casi cuatro veces más resoluciones que el Poder Judicial encabezado por el ocioso Heyden Cebada.
Peor le va en la comparación con Aguascalientes, que tiene menos habitantes, y Yucatán, que tiene apenas un poquito más, pero que también ejercieron presupuestos menores a los de Quintana Roo, pues el primero ejerció 772.9 millones de pesos y emitió 7 mil 562 sentencias, mientras Yucatán ejerció 855.6 millones de pesos y concluyó 10 mil 270 asuntos.
Este bajísimo índice de resolución en el Poder Judicial de Quintana Roo resulta en un costo muy elevado por sentencia, estimado en casi 740 mil pesos por cada una, 10 veces más de los 72 mil pesos que costó cada sentencia en Campeche y de los 83 mil pesos que costaron en Yucatán.
Lo mismo sucede en el registro de asuntos ingresados y determinados y/o concluidos, pues Quintana Roo inició 29 mil 171 asuntos y fueron determinados y/o concluidos apenas 9 mil 962, el 34 %; mientras en Campeche ingresaron 20 mil 610 y se determinaron y/o concluyeron 19 mil 347, el 95 %; en Aguascalientes ingresaron 49 mil 388 asuntos y determinaron y/o concluyeron 33 mil 223, el 67 %; y en Yucatán iniciaron 26 mil 39 asuntos y determinaron y/o concluyeron 19 mil 384, el 74 %, teniendo los últimos tres estados menos presupuesto.
El rezago en los procesos penales es más alarmante, tomando en cuenta la gravedad que tiene el problema de la inseguridad en Quintana Roo, sobre todo la generada por la actividad generalizada del crimen organizado.
Según el censo del Inegi, en el 2024 el Poder Judicial encabezado por Heyden Cebada emitió apenas 85 sentencias de un total de 228 que se tuvo ese año en Quintana Roo, por lo que las restantes 143 corresponden a los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación.
Además, esas 85 sentencias penales sólo representan el 7 % de las mil 205 emitidas y publicadas ese año.
Lo anterior tiene un gran contraste con el número de causas penales iniciadas, pues ante los juzgados federales se reportaron 199 y ante los juzgados estatales fueron 3 mil 255, lo que deja expuesto, nuevamente, el bajo rendimiento del Poder Judicial del Estado.
Asimismo, el estado tiene un rezago de 11 mil 720 causas penales y todo indica que seguirán aumentando año con año a pesar del aumento de jueces que vino con la elección judicial.
Nuevamente el estado sale perdiendo en la comparación con entidades con más o menos semejante población, pues en Campeche el rezago es de 858 procesos; en Aguascalientes, de 3 mil 903; y en Yucatán, de 6 mil 644.
Mientras la lentitud de la justicia penal afecta la seguridad de los quintanarroenses al mantener la impunidad, el Poder Judicial del Estado también falló en transparencia, puesto que al momento de publicarse el Censo del Inegi, el 6 de noviembre, Quintana Roo era el único estado que no reportó su presupuesto del 2024.
Fue después de esa exhibida pública que el Poder Judicial del Estado informó su gasto ejercido, y el Inegi lo agregó al reporte, por lo que ahora ya está consignado que fue de 891.2 millones de pesos.
Sin embargo, no ha importado que Quintana Roo se ubique en las últimas posiciones nacionales en eficiencia judicial durante la gestión de Heyden Cebada Rivas, puesto que el gobierno del estado decidió prolongarle su estancia como magistrado por otros 8 años más por decreto, sin haberlo sometido al voto popular.
Además, ha consentido que fuera elegido por el nuevo TSJE como presidente por cuatro años, a pesar de que no es un magistrado electo, situación que ya fue impugnada por inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Pero lo peor es que se le ha consentido excluirse de tener trabajo jurisdiccional en una sala, a pesar de que la reforma judicial le quitó a la presidencia del TSJE todas las facultades administrativas que tenía en el antiguo sistema y le dejó sólo facultades jurisdiccionales, situación que se permite a pesar, también, del gran rezago de expedientes judiciales existente, por lo que Heyden Cebada cobra como magistrado sus 186 mil pesos mensuales sin ejercer realmente la función que le ha establecido la Constitución.
Para eso, se le permitió promover una Ley Orgánica del Poder Judicial donde no se le da trabajo jurisdiccional más allá de encabezar las sesiones del TSJE, y se inventó una Junta de Coordinación mediante la que pretende usar su gran tiempo ocioso para supervisar y pastorear el trabajo de los otros dos órganos nuevos del Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, los cuales asumieron las funciones que le fueron retiradas a Heyden Cebada con la desaparición del Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, mientras se empodera a un ocioso Heyden Cebada en el nuevo Poder Judicial del Estado, sin mayor ocupación que colocarse por encima de los nuevos órganos administrativo y disciplinario para cuidar sus intereses creados y fomentar otros, la administración de justicia en Quintana Roo se sigue hundiendo en la ineficacia y en el abono de la impunidad que lacera a nuestra sociedad.