PLAYA DEL CARMEN.- Los señalamientos verbales que realizó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador contra la empresa Calica —filial en México de Vulcan Materials Company— no constituyeron un agravio ni un acto de autoridad que haya derivado en la clausura de sus operaciones, resolvieron magistrados federales de Quintana Roo al desestimar un amparo promovido por la compañía.
El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Cancún determinó que las expresiones emitidas por López Obrador durante su conferencia matutina del 2 de mayo de 2022, cuando pidió inspeccionar a Calica por presunto incumplimiento en la suspensión de actividades extractivas, no tuvieron efectos legales ni derivaron en una orden formal.
Calica argumentó en su amparo que la clausura impuesta por la Profepa el 5 de mayo de 2022 fue consecuencia directa de esa instrucción verbal y que el procedimiento estuvo viciado porque —sostuvo— la orden ocurrió de manera informal desde Palacio Nacional.
Sin embargo, los magistrados consideraron que la acusación es infundada.
“Los agravios son infundados, pues se estima que la orden verbal del Presidente de la República es un acto consumado de modo irreparable, cuyos efectos se agotaron en el momento en que se emitió”, señala la resolución del amparo en revisión 267/2023, emitida el 28 de noviembre.
El tribunal enfatizó que las declaraciones del mandatario no pueden considerarse un acto de autoridad, ya que no fueron emitidas por escrito ni cumplen con los requisitos de fundamentación y motivación establecidos por la ley.
“Careció de motivación y fundamentación, ya que ni siquiera fue emitido por escrito”, reiteraron los magistrados en la sentencia.
La empresa ya había intentado frenar la clausura mediante un primer amparo, resuelto en diciembre de 2022 por un juez federal de Cancún, quien también negó la protección. Inconforme, Calica impugnó, pero dos años después el juicio quedó definitivamente concluido al declararse inapelable.
Calica permanece clausurada desde mayo de 2022 por daños ambientales. Sus terrenos —unas 2,200 hectáreas ubicadas 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen— quedaron además dentro de la recién creada Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, decretada al final del sexenio de López Obrador, lo cual impide cualquier actividad extractiva.
En 2024 la compañía denunció públicamente ser objeto de una campaña de persecución política, presuntamente impulsada desde las conferencias matutinas del entonces presidente.
Hoy, además de las clausuras, Calica enfrenta un escenario en el que legalmente no puede reanudar la extracción y exportación de material pétreo a los Estados Unidos.
Con información de Proceso