CHETUMAL.- la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución considerada histórica, al ordenar una indemnización millonaria a favor de una ciudadana de Quintana Roo por un grave error cometido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El máximo tribunal concedió un amparo a una mujer luego de acreditarse que personal médico del IMSS entregó por equivocación el cuerpo de su madre a otra familia, tras su fallecimiento en el Hospital General de Zona Número 1 de Chetumal, en septiembre de 2020. La sentencia obligó al instituto a reconocer el daño moral y a pagar una compensación económica.
La Corte determinó que el IMSS incurrió en una actividad irregular del Estado, ya que el intercambio de cadáveres vulneró derechos fundamentales de la afectada, al impedirle despedirse de su madre conforme a sus creencias religiosas y realizar los rituales funerarios correspondientes.
Aunque en los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado suele exigirse al demandante acreditar el daño o la negligencia, en este caso se actualizó una excepción, debido a que la propia autoridad admitió el error. Por ello, la SCJN consideró improcedente exigir pruebas adicionales, al tratarse de un hecho evidente y reconocido por el IMSS.
El fallo ordenó al instituto cuantificar y pagar la indemnización conforme al principio de responsabilidad patrimonial del Estado, figura jurídica que obliga a las dependencias públicas a reparar los daños ocasionados por actos u omisiones indebidas de sus servidores públicos.
La resolución sienta un precedente relevante, al abrir la posibilidad de que otras personas afectadas por errores graves del sector público, particularmente en el ámbito de la salud, puedan exigir compensaciones por daño moral, es decir, por afectaciones emocionales, espirituales o familiares, y no sólo por pérdidas económicas directas.
Entre los supuestos en los que este criterio podría aplicarse se encuentran:
- La entrega incorrecta o extravío de restos humanos en hospitales o morgues;
- Casos de negligencia médica con consecuencias fatales;
- Actos administrativos que impidan la realización de rituales religiosos durante el duelo; y
- Errores de identidad o documentación que afecten derechos familiares o emocionales.
Cabe destacar que la ciudadana tuvo que acudir hasta el juicio de amparo para obtener justicia, luego de que en abril de 2021 solicitó la indemnización ante la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del IMSS, sin recibir respuesta alguna.
Posteriormente, una sala regional y un tribunal colegiado en materia administrativa le negaron la protección constitucional al considerar que no había acreditado su reclamo, por lo que su defensa llevó el caso ante la SCJN, instancia que finalmente falló a su favor.