CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno federal mantiene en análisis dos posibles rutas para definir el futuro de la concesión del servicio de agua potable en Quintana Roo, actualmente operada por la empresa Aguakan: la revocación legal del contrato o la compra de la concesión, siempre que existan condiciones razonables y conforme a derecho.
Durante la Conferencia del Pueblo, realizada desde el estado de Puebla, la mandataria federal subrayó que cualquier determinación deberá sustentarse en procedimientos jurídicos, ya que —dijo— no es posible retirar una concesión de manera inmediata, aun cuando exista un claro antecedente de rechazo ciudadano.
Sheinbaum recordó que en junio de 2022, habitantes de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos votaron mayoritariamente en una consulta popular a favor de retirar la concesión a Aguakan; sin embargo, casi cuatro años después, la empresa continúa operando tras haber interpuesto diversos recursos legales.
“Todo tiene que hacerse bajo la ley. No se puede llegar y quitar una concesión sin un procedimiento jurídico”, enfatizó la presidenta.
La titular del Ejecutivo explicó que actualmente se revisa el proceso mediante el cual se otorgó la ampliación de la concesión, así como la posibilidad de que el Estado adquiera el contrato, considerando que la empresa ya habría recuperado su inversión inicial. No obstante, advirtió que las pretensiones económicas de Aguakan han sido desproporcionadas.
“Incluso han llegado a plantear montos cercanos a los 12 mil millones de pesos, lo cual sería absurdo pagarlo”, afirmó.
Sheinbaum señaló que el análisis se realiza de manera coordinada con el Gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, así como con los municipios involucrados, en particular Cancún, ya que también deberá definirse quién asumiría la operación del servicio de agua potable en caso de que la concesión sea retirada o adquirida.
Indicó que el caso se sigue atendiendo a través de una vía legal previamente iniciada por el Gobierno estatal, con acompañamiento de instancias como Banobras, y que se trata de un proceso que se arrastra desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Nosotros retomamos este tema desde mediados del año pasado y el análisis continúa”, precisó.
Finalmente, la presidenta reconoció que no existe un plazo definido para resolver el conflicto, debido a la complejidad jurídica y a los recursos interpuestos por la empresa; sin embargo, reiteró que el objetivo es respetar la ley, la voluntad ciudadana y el interés público, al tratarse de un servicio esencial como el acceso al agua potable.