CIUDAD DE MÉXICO.- Un dictamen elaborado por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) concluyó que 47 edificios arqueológicos vinculados a la construcción del Parque Báalam Tun, en Chetumal, no fueron desmontados técnicamente, sino “mutilados”, al extraerse únicamente las piedras de sus fachadas y dejar los núcleos y rellenos culturales expuestos y sin protección.
“En los hechos significa una destrucción atroz”, señala el documento fechado en noviembre pasado, que documenta el desmontaje, traslado y reconfiguración de monumentos prehispánicos para la edificación de nuevas estructuras dentro del parque.
La Comisión de Protección al Patrimonio Arqueológico que realizó la inspección estuvo integrada inicialmente por los investigadores Sergio Gómez Chávez, de la Zona Arqueológica de Teotihuacan, y Jesús E. Sánchez, de la Dirección de Estudios Arqueológicos.
El informe —en poder de El Universal y presentado el 23 de febrero en el Seminario Patrimonio Cultural, Historia y Legislación, organizado por Bolfy Cottom— describe lo que Sánchez califica como una “destrucción patrimonial sin precedentes”.
La polémica se suma a las críticas ya formuladas sobre los tramos 6 y 7 del Tren Maya. En días recientes, los arqueólogos Fernando Cortés de Brasdefer y la investigadora emérita Noemí Castillo calificaron los daños como un “crimen de lesa arqueología”. En respuesta, el INAH difundió una tarjeta informativa en la que negó afectaciones al patrimonio y manifestó su disposición a presentar evidencia técnica de los trabajos realizados.
Tras esa postura institucional, los autores del dictamen difundieron una réplica en la que retan públicamente a los responsables del salvamento arqueológico del Tren Maya y del proyecto Báalam Tun a sostener un debate abierto y presentar pruebas de que no hubo destrucción ni violaciones a la legislación nacional e internacional.
Estructuras alteradas y materiales mezclados
Según el dictamen, las intervenciones no respetaron la orientación original de las construcciones prehispánicas y mezclaron materiales de distintas temporalidades con elementos contemporáneos. A lo largo de 20 cuartillas, acompañadas de imágenes, se documenta que la reconstrucción “se aleja bastante de la disposición y ordenamiento de la estructura arqueológica original”.
Los vestigios intervenidos provienen de tres sitios arqueológicos: Juan Sarabia, González Ortega y Francisco Villa, localizados en los tramos 6 y 7 del proyecto ferroviario.
En el recorrido de inspección también participaron los arqueólogos Fernando Cortés de Brasdefer y Jaime Garduño Argueta.
Uno de los señalamientos centrales del informe es que no existía necesidad técnica de remover las estructuras, pues —según los investigadores— no interferían con el trazo ferroviario e incluso estaban protegidas dentro del derecho de vía. Actualmente, los núcleos originales permanecen sin resguardo, lo que, advierten, incrementa el riesgo de saqueo.
Cuestionamientos legales y responsabilidades
Jesús E. Sánchez sostiene que el caso es inédito y que incluso la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 no contempló un escenario de esta naturaleza. El artículo 49 permite el traslado de piezas con registros y permisos adecuados, pero prohíbe la remoción de edificios sin cumplir estrictamente los procedimientos legales.
El investigador señala directamente a Manuel Pérez Rivas, responsable del salvamento arqueológico del Tren Maya, como uno de los principales implicados, y pide que junto con Diego Prieto y miembros del Consejo de Arqueología presenten públicamente la documentación que avale las obras.
De acuerdo con Sánchez, al solicitar por escrito el documento en el que el Consejo de Arqueología autorizó el proyecto, la presidenta de ese órgano, Laura Ledesma, respondió que no tenían conocimiento de la intervención, pese a que —según el dictamen— Pérez Rivas aseguró durante la inspección que sí contaban con dicha aprobación.
El informe también menciona la participación de personal militar en la construcción del parque, aunque, según el arqueólogo, no está claro si el financiamiento provino de la Secretaría de la Defensa Nacional, del INAH o del gobierno estatal.
Propuesta de debate público
En su réplica, los investigadores propusieron realizar un debate público el 17 de marzo en el Museo Nacional de Antropología, con transmisión por canales oficiales y la participación de los funcionarios señalados.
Sánchez afirma que preparan acciones legales, incluidos amparos, para solicitar que las estructuras sean restituidas a sus sitios originales.
“Estamos dispuestos a debatir. Lo que ellos llaman trabajo arqueológico, nosotros lo consideramos acciones propias de saqueadores”, declaró. Hasta ahora, el INAH no ha confirmado si aceptará el debate propuesto.
Con información de El Universal