Las aberraciones de ‘la imagen propia’

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Signos

Las iniciativas de ley para defender a los personajes del poder político y sus entornos familiares ante los juicios y las satanizaciones públicas o enemigas -como la llamada de ‘defensa de la imagen propia’ con que habría de modificarse el Código Civil del Estado de Quintana Roo-, forman parte del analfabetismo legislativo y de la impertinencia y la frivolidad y las subjetividades y arbitrariedades que prueban el precarismo parlamentario y la inconciencia ciudadana que la tolera por desconocimiento, irresponsabilidad o deficiencia crítica.

Se pervierte el sentido de la equidad y del derecho a la privacidad abusando de la calidad representativa, lo que entraña ilegitimidad y malicia ética.

Porque el sofisma, la demagogia y la politiquería pueden justificarlo todo. Con esa naturaleza se hacen a la vida pública quienes quieren ser exitosos a costa de las instituciones.

Pero así como el ejercicio bueno o malo de la comunicación social tiene el privilegio de las tribunas públicas donde se ejerce, el de la política también los tiene. Y en la política y en la comunicación social debieran bastar esos fueros y esos foros para la defensa de los derechos mutuos.

El legalismo político y electorero como ese y el de las disputas y acusaciones de género, son meras trampas de la baja política.

Si hay fuerza representativa y argumentativa no debía defenderse a nadie por su presunta vulnerabilidad sexual, por ejemplo. Es discriminatorio, en un sentido, y es instrumentalizar la falsa debilidad como arma de combate y estrategia de lucro, en otro.

Dice el dicho que quien no quiera calor no se meta a la cocina. Y la política y el poder hacen la arena de las mayores bajezas. Y no puede excluirse de ella a mujeres, homosexuales o discapacitados, indígenas y no indígenas y de toda raza. Si compiten contra quien sea, es porque como seres humanos son tan fuertes como cualquiera. Porque es el espíritu y el valor -y en la mayoría de los casos la inmunidad a la vergüenza- los que los deben llevar hasta ahí. Apelar a las desigualdades como ventajas propias es condenable. Y los delitos de la vida privada, como entre todos los individuos, debieran resolverse en ventanillas y juicios ajenos a la política y al margen de la politización y el utilitarismo de los mismos

SM

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