CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que permitiría mantener las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y financiera de empresas y particulares, al proponer el sobreseimiento de un amparo en revisión promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego.
El asunto está listado para el próximo 9 de abril y, de aprobarse, la UIF podría continuar utilizando y analizando información bancaria de hasta 10 años relacionada con el dueño de Grupo Salinas, solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde diciembre de 2021.
Dicha solicitud también incluyó a otros 78 empresarios tras su aparición en la filtración internacional conocida como “Pandora Papers”, vinculada con empresas offshore y posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.
El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, plantea revocar el amparo concedido en agosto de 2022 por el juez federal Gabriel Regis López, el cual fue impugnado por la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En su lugar, propone concluir el juicio sin analizar el fondo del asunto, al considerar que el empresario carece de interés jurídico, ya que la solicitud de información no genera una afectación real ni inmediata en su esfera legal.
“Nos encontramos ante un acto que no afecta de manera real la esfera jurídica del quejoso… únicamente constituye una comunicación inicial entre autoridades”, señala el proyecto.
El documento sostiene que se trata de un acto preliminar que no implica sanciones ni bloqueo de cuentas, y que el conocimiento del caso a través de filtraciones periodísticas no representa por sí mismo un perjuicio legal.
En su demanda, Salinas Pliego impugnó la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores, que facultan a las autoridades a acceder a información financiera con fines de supervisión y prevención de delitos.
No obstante, si se aprueba la propuesta, la Corte no se pronunciaría sobre la constitucionalidad de dichas normas, las cuales permanecerían vigentes para las funciones de la UIF.
El caso, identificado como amparo en revisión 492/2023, ha permanecido cerca de tres años en la SCJN, con retrasos derivados de recursos legales interpuestos por la defensa del empresario.
Entre ellos, destaca la resolución del pasado 12 de marzo, cuando la entonces Segunda Sala declaró impedida a la ministra Lenia Batres para participar en el asunto, al considerar que sus opiniones previas podrían comprometer su imparcialidad.
En lo que va del año, la Corte ha resuelto nueve juicios fiscales relacionados con Grupo Salinas, con fallos adversos que confirman créditos fiscales por casi 49 mil millones de pesos.