CANCÚN.- A diferencia de lo planteado para Chetumal, donde se han considerado concesiones de hasta 30 años, en Cancún el ayuntamiento rechazó este esquema dentro del proceso de transferencia de la regulación del transporte urbano al gobierno del estado de Quintana Roo.
La duración de los permisos se convirtió en el eje central del debate sobre el nuevo Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI). Finalmente, se determinó que las concesiones en Benito Juárez serán de 10 y 15 años, descartando periodos más extensos.
Durante la presentación del proyecto ante el Cabildo, el director del Instituto de Movilidad, Rafael Hernández Kotasek, explicó que los plazos estarán definidos según el tipo de tecnología de las unidades, con el objetivo de equilibrar la inversión, la operación y la modernización del servicio.
Detalló que las concesiones de 10 años serán para unidades que operan con combustible, mientras que las de 15 años aplicarán para unidades eléctricas, debido a su mayor costo de adquisición y el tiempo necesario para recuperar la inversión.
El funcionario subrayó que esta diferenciación responde a un modelo que busca incentivar la transición hacia tecnologías más limpias, sin afectar la viabilidad financiera de los concesionarios.
La definición de estos plazos se da en medio de versiones que planteaban concesiones de hasta 30 años, lo que generó inquietud entre distintos sectores. No obstante, la autoridad estatal sostuvo que el esquema aprobado mantiene un equilibrio entre certidumbre para la inversión y capacidad de ajuste a futuro.
Más allá de la temporalidad, el proyecto MOBI busca reorganizar el sistema de transporte público en Cancún mediante un convenio de coordinación entre el gobierno estatal y el municipio de Benito Juárez.
Actualmente, el sistema enfrenta problemas derivados de concesiones otorgadas sin planeación integral, lo que ha provocado saturación en algunas avenidas y deficiencias en otras zonas. Según el diagnóstico oficial, alrededor de 135 mil personas carecen de acceso adecuado al transporte público.
El nuevo modelo contempla la integración de los distintos actores en un consejo colegiado encargado de definir rutas, operación y expansión del sistema, bajo una lógica de red unificada.
Tras su aprobación en el Cabildo, el convenio de coordinación deberá ser avalado por el Congreso del Estado para entrar en vigor.