CIUDAD DE MÉXICO.- El conflicto legal entre la empresa minera Calica y el Estado mexicano llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo se declaró incompetente para resolver el caso y decidió turnarlo a la máxima instancia judicial del país.
La controversia se deriva de la cancelación de la concesión que permitía a Calica —filial de Vulcan Materials Company— operar en los terrenos de Punta Venado, en Playa del Carmen, donde realizaba extracción de roca caliza.
Los magistrados determinaron que el caso involucra posibles cuestiones de constitucionalidad relacionadas con la aplicación de normativas federales, por lo que corresponde a la Corte analizar el fondo del litigio.
El proceso será clave para definir la legalidad de la revocación de la concesión, otorgada en su momento por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como de otros actos administrativos vinculados a la operación de la empresa.
Este conflicto ha acumulado diversos antecedentes legales. Entre ellos, una resolución federal que ordena a Calica reparar daños ambientales ocasionados por sus actividades en la región, además de restricciones como la prohibición del uso de explosivos tras la pérdida de permisos.
Especialistas en derecho consideran que la intervención de la Corte podría sentar un precedente relevante en torno a la interpretación de la Ley Aduanera y el alcance de las facultades del Estado para cancelar concesiones, particularmente en casos donde confluyen intereses económicos, regulatorios y ambientales.
La resolución que emita la Suprema Corte no solo definirá el futuro jurídico de la empresa en México, sino que también marcará la pauta para futuras controversias entre el sector privado y el gobierno federal en materia de concesiones estratégicas.