Diego Castañón saboteó el PDU de Tulum 2024 para favorecer negocios corruptos

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Por Francisco Hernández

TULUM.- Además de evadir con tácticas dilatorias la emisión del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), provocando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo apercibiera de que le iniciaría el procedimiento de destitución por desacato a sentencia judicial, el presidente municipal Diego Castañón Trejo saboteó la puesta en vigor del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Tulum 2024, por lo cual el municipio carece de regulación urbana, está sumido en el desorden en su desarrollo inmobiliario y en medio un caos generado para favorecer millonarios negocios a base de corrupción y de atentados contra el medio ambiente.

El PDU de Tulum fue aprobado el 19 de septiembre de 2024 en sesión del cabildo de Tulum, luego de un proceso de elaboración en el que participó activamente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nunca fue puesto en vigor por Diego Castañón y un año después de su aprobación lo abrogó, alegando que tenía en contra muchas demandas de amparo.

Sin embargo, las irregularidades y los defectos por los cuales ese PDU fue fácilmente impugnable fueron generados a propósito por el propio gobierno de Diego Castañón, siendo el más visible que no cumplió con poner a consulta pública el proyecto durante al menos 15 días, como marca la Ley de Asentamientos Humanos del estado, sino sólo por dos días, con lo que se incurrió en la abierta violación del derecho de participación de la ciudadanía en el proceso.

Eso mismo fue cuestionado por el quinto regidor, Carlos Adolfo Coral Basulto, en la sesión de cabildo de aprobación del PDU, al señalar que el Consejo Municipal responsable de la elaboración no realizó la consulta pública con apego a la ley, lo cual generaba una grave irregularidad en el instrumento regulador que causaría que fuera suspendido por demandas de amparo.

También fue cuestionada la falta de participación ciudadana por el presidente del Colegio de Ingenieros de Tulum, Fernando Aznar, quien señalo que la consulta pública del anteproyecto solo duró dos días hábiles y el proyecto violentó la legalidad y el debido proceso, además del principio de congruencia.

Y en efecto, el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de Tulum, responsable técnico de la preparación del proyecto del PDU, en su Primera Sesión Extraordinaria decidió publicar el 13 de septiembre de 2024 el anuncio del inicio de la consulta pública.

Aunque el aviso ofrecía atender de lunes a viernes a los interesados en acudir a oficinas a presentar sus observaciones y propuesta, en realidad la consulta sólo duró dos días hábiles, porque el 14 de septiembre fue sábado y el 15 y el 16 fueron los asuetos de las fiestas patrias, de manera que sólo se tuvieron activos para la consulta los días 13 y 17.

Pero sin importar que sólo habían trascurrido dos días hábiles en cinco días naturales, el 18 de septiembre el Consejo Municipal dio por finalizada la consulta y envió el documento al Cabildo, el cual, por instrucción de Diego Castañón, fue sometido a votación del cabildo menos de 24 horas después, en la sesión del 19 de septiembre de 2026, lo cual consta en el acta aprobada y que fue publicada al día siguiente en el Periódico Oficial del Estado.

Tan conflictiva se esperaba la sesión, debido a las irregularidades cometidas a propósito en el procedimiento de aprobación del PDU, que el alcalde Diego Castañón ordenó que ese día la policía estableciera vallas a las afueras del Palacio Municipal, para impedir la entrada al salón de sesiones de los ciudadanos y medios de comunicación interesados en el tema.

Nunca puso en vigor el PDU y al año lo abrogó

Sin embargo, la aprobación del PDU 2024 en el cabildo solamente fue una simulación del gobierno de Diego Castañón, para aparentar que cumplía con emitir esta esencial regulación en el que puso mucho interés del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que estaba a unos 10 días de finalizar su presidencia.

El munícipe ya había planeado echarlo para atrás después, cuando el nuevo gobierno federal ya estuviera en marcha.

Asi fue que como, además de incumplir con la consulta pública del proyecto, el alcalde también impidió que el PDU de Tulum fuera puesto de vigor desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado, que fue el 20 de septiembre, pues estableció que su vigencia comenzara hasta seis meses después, el 19 de marzo de 2025.

Antes de llegar esa fecha, el 11 de marzo de 2026, dispuso que se ampliara el plazo para poner en vigor el PDU por otros seis meses, hasta el 16 de septiembre de 2025, por lo que durante un año el programa estaba publicado, pero permaneció como letra muerta, porque así lo quiso el presidente municipal de Tulum.

Cerca de cumplirse ese año, el alcalde decidió dejar de seguir con su simulación y el 11 de septiembre de 2025 pidió al cabildo que se dejara sin efectos el PDU de Tulum 2024, por lo cual quedó abrogado y el Pueblo Mágico se mantiene sin regulación urbana.

Para abrogar el PDU, Diego Castañón alegó que, a pesar de no estar en vigor y no surtir efectos, el programa había generado “diversas impugnaciones en contra de su proceso de creación”, por lo que la puesta en vigor del documento daría pie “a un gran número de juicios de nulidad y de amparos, lo que ocasionaría pérdida de legitimidad del proceso”.

Y en efecto, el PDU de Tulum 2024 había sido impugnado en amparos por violar la obligación de participación ciudadana, no sólo por no realizar la consulta pública del proyecto, sino porque el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano no notificó públicamente el inicio del proceso de actualización del PDU y el proyecto fue desarrollado sin llevar a cabo los talleres de participación ciudadana requeridos, todos actos imputables a la autoridad municipal y premeditados.

Pero además, para abrogar el PDU el alcalde Diego Castañón adicionó el pretexto de que debía definir qué Unidades de Gestión Ambiental (UGA) invalidadas por la SCJN en la controversia constitucional contra del PMODETUS del 2021 iban a regularse en el PDU y cuáles en el POEL, y que también que había surgido en ese preciso momento la necesidad de armonizar el PDU con el POEL, programa que también ya estaba estancado entonces en la etapa de modelo de su retardado proceso de elaboración, mismo que ha evadido concluir.

Los motivos detrás de este sabotaje al PDU de Tulum y lo que causó serán el tema de la segunda parte de esta investigación especial.

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