CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió los controles para prevenir el lavado de dinero relacionados con personas políticamente expuestas (PEP), por lo que la vigilancia ya no se limitará a funcionarios y políticos mexicanos, sino que alcanzará también a extranjeros, familiares cercanos y socios con vínculos patrimoniales.
Las modificaciones a las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lfpiorpi), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), extienden además estas obligaciones más allá del sector bancario.
Con las nuevas disposiciones, deberán reforzar la vigilancia sobre operaciones relacionadas con PEP las personas y empresas que desarrollen actividades consideradas susceptibles de ser utilizadas para lavar dinero.
Entre ellas se encuentran los juegos con apuestas, concursos y sorteos; tarjetas de servicios, crédito y vales; cheques de viajero; desarrollo e inversión inmobiliaria; comercialización de obras de arte y automóviles; traslado o custodia de dinero y valores; servicios notariales; asociaciones civiles y operaciones con activos virtuales.
Antes de la reforma de 2025 a la Lfpiorpi, la legislación no contenía un marco explícito para las personas políticamente expuestas, aunque la regulación bancaria ya contemplaba controles específicos para funcionarios, políticos y algunos de sus familiares.
¿Quiénes serán considerados PEP?
Las nuevas reglas definen como persona políticamente expuesta a quien desempeña o haya desempeñado funciones públicas relevantes en México o en el extranjero.
La clasificación comprende a jefes de Estado o de Gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales y funcionarios o integrantes relevantes de partidos políticos y organizaciones internacionales.
En el caso de funcionarios y políticos mexicanos, la consideración como PEP continuará durante un año después de abandonar el cargo.
La regulación también extiende los controles al cónyuge, concubina o concubinario y familiares por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado.
Asimismo, serán considerados dentro de este esquema los asociados o socios de empresas con las que las personas políticamente expuestas mantengan vínculos patrimoniales.
Con ello, Hacienda amplía el universo de personas y actividades económicas sujetas a medidas reforzadas de identificación y seguimiento para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.