PLAYA DEL CARMEN.- Comerciantes y hoteleros denunciaron ante autoridades ministeriales una presunta red de corrupción y extorsión atribuida a servidores públicos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos de Playa del Carmen, quienes supuestamente exigirían pagos de entre 5 mil y 20 mil pesos para evitar inspecciones, multas y clausuras.
Los empresarios, pertenecientes principalmente a los sectores de hospedaje, alimentos, bebidas y entretenimiento turístico, presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y solicitaron además la intervención de autoridades federales ante el temor de posibles represalias.
De acuerdo con los denunciantes, desde abril pasado inspectores municipales habrían intensificado las visitas a establecimientos y ofrecido mecanismos para “regularizar” su situación mediante pagos que permitirían facilitar Programas Internos de Protección Civil, solventar inspecciones, obtener anuencias, reducir multas o avanzar en licencias de funcionamiento.
Los afectados sostuvieron que, en caso de rechazar esos ofrecimientos, presuntamente reciben advertencias sobre nuevas inspecciones y posibles sanciones por cualquier irregularidad detectada.
“Lo que a nuestro parecer resulta ser una extorsión evidente”, señalaron en la denuncia.
Cobros llegarían hasta 20 mil pesos
Según los empresarios, las cantidades solicitadas oscilarían entre 5 mil y 20 mil pesos dependiendo del giro y características de cada establecimiento.
También denunciaron una presunta coordinación con personal de las áreas municipales de Fiscalización y Cobranza para ejercer presión sobre los negocios.
Los hechos fueron asentados en la denuncia con folio FGE/QR/SOL/DEL/4369/2026 ante la Fiscalía estatal, mientras los empresarios también solicitaron la intervención de instancias federales.
En sus señalamientos mencionaron al titular de Protección Civil municipal, Darwin Manuel Covarrubias Góngora, así como a Julián Lara Maldonado e Hilario San Pedro Perera. Hasta ahora, las acusaciones corresponden a los dichos contenidos en las denuncias y deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Empresarios que usan gas LP, entre los afectados
Los denunciantes aseguraron que las presuntas irregularidades se han agudizado contra establecimientos que utilizan gas LP, indispensable para numerosos hoteles, restaurantes y comercios.
Señalaron que durante las inspecciones se les atribuyen anomalías que pueden derivar en multas o clausuras, aun cuando, según afirmaron, cuentan con dictámenes de Protección Civil y peritajes de las instalaciones de gas, incluidos diagramas y pruebas de tanques y válvulas de seguridad.
Los empresarios calificaron estas acciones como una “cacería” contra los negocios y advirtieron que los cobros representan una carga económica capaz de comprometer la operación de algunos establecimientos.
Ante el temor de represalias, los comerciantes y hoteleros solicitaron al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México intervenir para garantizar su integridad y revisar las acusaciones contra servidores públicos municipales.