CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si era indispensable una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ordenar la captura de Jorge Eduardo Ballesteros Franco, socio mayoritario de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), investigado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Pleno aprobó por unanimidad ejercer su facultad de atracción sobre el amparo promovido por el empresario, con lo que el máximo tribunal analizará un aspecto jurídico relacionado con la orden de aprehensión que pesa en su contra.
El asunto tiene como antecedente la investigación sobre la prórroga de la concesión otorgada a Aguakan y el pago de una contraprestación por mil 55 millones 999 mil 962 pesos al Gobierno de Quintana Roo durante la administración de Roberto Borge, entre 2011 y 2016.
La atracción fue propuesta por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien retomó la petición que originalmente habría formulado Ballesteros Franco. El empresario carecía de legitimación para solicitar directamente a la Corte que asumiera el expediente.
El punto que deberá resolver la SCJN será si, para librar una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir y administrar derechos de cualquier naturaleza, resulta obligatorio cumplir con el requisito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal relativo a una denuncia de Hacienda.
El expediente quedó registrado como facultad de atracción 520/2026 y deriva del amparo en revisión 194/2026, procedente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.
Ballesteros Franco fue investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en operaciones relacionadas con la ampliación de la concesión de Aguakan y la millonaria contraprestación entregada al Gobierno estatal.
Como consecuencia de las investigaciones, un juez de control libró una orden de aprehensión contra el empresario, quien acudió a la justicia federal para intentar frenar su captura. Dentro de sus reclamaciones también señaló la supuesta emisión de una ficha roja de Interpol y una alerta migratoria.
En una primera instancia, un juez federal rechazó concederle el amparo contra la orden de aprehensión al considerar que existían elementos suficientes para sostener, en esa etapa procesal, la probable comisión del delito que se le atribuye.
La controversia pasó posteriormente a un tribunal colegiado y ahora llegará al Pleno de la Suprema Corte, aunque la atracción del expediente no implica todavía una resolución favorable o adversa para Ballesteros Franco.
Los ministros deberán pronunciarse en próximas sesiones sobre el requisito de procedibilidad relacionado con la intervención de la SHCP, una decisión que podría incidir en la situación jurídica del socio mayoritario de Aguakan.