La administración federal que encabezó Enrique Peña Nieto pasó a la historia como la que permitió y colaboró con los peores casos de corrupción en el país. Odebrecht y “La Estafa Maestra” que permitió el desvío de recursos para las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional por parte de entidades, dependencias gubernamentales y paraestatales, son algunos de los que han salido a la luz y que tuvieron como principales operadores al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Sin embargo, sólo al primero se le ha iniciado un proceso penal, del cual ha intentado salir dando a conocer detalles de dichas operaciones. Así, puso “dedo” sobre el dueño de la empresa Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por haberle hecho entrega de sobornos que llevaron a que Pemex comprara la inservible planta Agro Nitrogenados, acción que provocó un daño por más de 4 mil millones de pesos en Pemex. Ancira Elizondo está hoy detenido en México y, al igual que Lozoya, está tratando por todos los medios de evitar la cárcel, por lo que incluso podría recibir el perdón del Gobierno mexicano si devuelve los más de 200 millones de dólares que cobró por la venta de la referida planta. Lo que logre revelar será vital para las próximas investigaciones que quizá por fin alcancen a Videgaray Caso y a su jefe Peña Nieto.
Javier Ramírez
En noviembre del año pasado, unos días antes de que voluntariamente se entregara a las autoridades españolas para ser aprehendido por segunda vez, el empresario Alonso Ancira Elizondo aseguró que la venta de Agro Nitrogenados a Pemex no había tenido ningún sobreprecio y que además se realizó de forma transparente, por medio de los canales regulares de la empresa Altos Hornos de México.
Y aunque pidió disculpas al Gobierno mexicano, afirmó que el presidente Andrés Manuel lo estaba persiguiendo políticamente por no haberlo apoyado económicamente en la campaña de 2018.
Tras su extradición a México, ofreció 2 millones de dólares para no ser ingresado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, lo que fue rechazado por el juez, quien le impuso prisión preventiva. Sin embargo, su estado de salud, que parece haberse agravado, podría ayudarlo a no permanecer mucho tiempo en la cárcel.
Favorecido por Lozoya
Antes de que fuera extraditado a México en julio de 2020, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, reveló en España montos y fechas relacionados con los sobornos que había recibido tanto de Odebrecht como de Altos Hornos de México, mismos que fueron a parar a las campañas de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en diversos Estados de la República.
Una vez en México, en su primera comparecencia virtual ante la Fiscalía General de la República (FGR), ofreció detalles para la investigación del caso Agro Nitrogenados, planta subsidiaria de Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira Elizondo, que Pemex compró en 2013 por un monto de 275 millones de dólares más IVA.
Mencionó que la planta estaba en tan mal estado que los costos para ponerla nuevamente en operación pasaron de 195 millones de dólares a 443 millones de dólares.
En esa misma comparecencia, la FGR le imputó delitos por la compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, la cual se presume adquirió con parte de los tres millones de dólares que recibió tras un favor a Ancira Elizondo, por la venta de Agro Nitrogenados.
La Fiscalía le notificó sobre la investigación en contra de él, su hermana Gilda Margarita y de Alonso Ancira, por la adquisición de dicho inmueble a cambio del referido favor. Y es que de acuerdo con la investigación, Lozoya “transfirió, de junio al 28 noviembre 2012, tres millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México, S.A. de C.V., a una cuenta que es beneficiaria su hermana sin que se identificara origen de la transferencia”.
Por su parte, representantes de Pemex validaron los argumentos presentados por la Fiscalía y aseguraron que “las conductas del imputado causaron daño a la paraestatal”, pues Agro Nitrogenados estaba obsoleta al estar fuera de operación desde 1999.
Se indicó que era responsabilidad de Lozoya buscar mecanismos que beneficiaran a Pemex, pero en su lugar ocasionó un daño por cuatro mil 206 millones 652 mil 220 pesos en Pemex Fertilizantes Pacífico, S.A. de C.V., que hasta la fecha no presenta panorama de recuperación.
Finalmente, la FGR vinculó a proceso a Lozoya por el delito de operaciones de procedencia ilícita y solicitó medidas cautelares para el detenido sin solicitar la prisión preventiva.
Dispuesto a devolver 275 mdd
Alonso Ancira había sido acusado en 2019 por las autoridades mexicanas de los presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero por la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, por lo que la Interpol había emitido una ficha roja de captura en su contra, misma que se giró en España en mayo de ese año.
Sin embargo, un mes después de su detención en el aeropuerto de Palma de Mallorca, el empresario pagó una fianza por un millón de euros impuesto por un juez de la Audiencia Nacional Española, por lo que abandonó la prisión preventiva, en lo que el Gobierno de México tramitaba su extradición.
En una entrevista que ofreció días antes de lo que sería su segunda aprehensión, aseguró que estaba dispuesto a devolver a México los 275 millones de dólares que Pemex pagó por Agro Nitrogenados, aunque siguió insistiendo en que todo se había hecho de manera legal y no hubo sobreprecio.
Asimismo, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de haber iniciado una persecución en su contra, luego de que Lozoya fuera detenido.
“El señor (AMLO) maneja el poder y él dice quién es culpable y con lo que me pasó a mí le metió miedo a todos los empresarios en México. Ahora todos pagan cuando él dice”, comentó, agregando que el presidente había tomado represalias por no haberlo apoyado en su campaña electoral.
“Desde que apareció, Lozoya ya no le importa y me empezó a atacar a mí; que le pagara los 200 millones de dólares y que me perdonaba. Oiga, yo estoy dispuesto a pagárselos, nada más que me diga dónde”, aseveró, indicando que tendría que darle plazos y tiempos.
En ese sentido, dijo que tenía un capital de 170 millones de dólares, pero en diciembre de 2020 se cerraría un acuerdo por el que Grupo Villacero tomaría el control de Altos Hornos de México, con lo que obtendría lo suficiente para pagar los referidos 275 millones de dólares.
Este 5 de febrero, la secretaria de Gobierno Olga Sánchez Cordero aceptó que existe la posibilidad de otorgarle el perdón a Ancira, si repara el daño que ocasionó con la sobreventa de Agro Nitrogenados.
Extradición y prisión preventiva
Alonso Ancira había obtenido el 11 de agosto de ese año un amparo del Juzgado Tercero de Distrito de Chiapas contra la orden de captura emitido por México el 25 de mayo de 2019. De acuerdo con el juez, la acción penal que motivó la orden de aprehensión en su contra estaba prescrita, por lo que mantener vigente un procedimiento penal implicaba que la autoridad no impartiera Justicia de forma adecuada, violentando las normas del debido proceso.
Sin embargo, la FGR apeló la decisión y luego de que el Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses al secretario de Juzgado de Chiapas por haber “descuidado el desempeño de sus funciones”, el fallo fue revisado. El pasado 3 de febrero el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito revocó el amparo concedido a Alonso Ancira.
Ancira Elizondo fue extraditado finalmente y llegó a México el 3 de febrero, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el caso de Agro Nitrogenados.
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que puede enfrentar en libertad, pero la FGR buscó que el empresario no goce de dicho beneficio, debido al riesgo de que evada la Justicia.
De esta manera, un juez federal determinó que deberá permanecer en prisión hasta el próximo miércoles 10 de febrero, cuando se lleve a cabo una audiencia para definir su situación jurídica (la primera, del día 4, fue suspendida debido a que presentó una “descompensación metabólica”).
La defensa del empresario intentó evitar la medida cautelar ofreciendo una garantía económica de 2 millones de dólares, la entrega de sus pasaportes mexicano y estadounidense, así como sujetarse a acciones como la firma periódica y el brazalete electrónico, pero la FGR presionó para que el juez no los aceptara.
Aun así, Alonso Ancira, de 69 años, padece diabetes mellitus tipo 2 y cuenta con las recomendaciones de médicos de ser internado en un hospital de tercer nivel para evitarle un peligro mortal, por lo que parece inevitable que quede sujeto a prisión domiciliaria tarde o temprano