Signos
Pues sí. García Luna. Procesado y castigado en los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Colman, la noticia y sus vertederos críticos, la opinión pública mexicana. Se acusa al calderonismo y se clama en el oficialismo que se hace justicia. (Allá.) Y se omite que nunca, en su momento, se le persiguió ni se le consignó ni se le juzgó en México. Que la Fiscalía mexicana de la era de la ‘transformación’ obradorista no le fincó cargos, ni tribunal ninguno lo sentenció por alguna causa. Que el 99 por ciento de ese tipo de delitos y sus culpables mayores (otros tantos son anónimos) no son consignados por Fiscalía mexicana ninguna, ni federal ni estatal; que ni siquiera llegan a los Juzgados, y que, cuando llegan, suelen ser salvados por la impunidad que se esconde en la improcedencia de las pruebas que alegan jueces corruptos, en la complicidad policial y ministerial con los criminales para que la evidencia se contamine a propósito y se declare improcedente, y en todo tipo de tretas costumbristas e institucionalizadas que siguen haciendo del sistema de Justicia el principal generador de criminalidad y de violencia en el país. Como en Quintana Roo, por ejemplo. Porque ¿acaso entre el vendaval delictivo y sangriento, y los saldos cotidianos y el reguero de cadáveres mutilados y de víctimas, inocentes o no, de la industria del narcoterror, la extorsión, y la plaga diversa de delitos que abarca cada vez más negocios y territorios económicos y políticos, se sabe en la opinión pública de culpables detenidos y consignados por la Fiscalía General del Estado o por la de la República, y procesados y condenados por los tribunales locales y federales en números comparables a los de la incidencia delictiva que hace trizas el Estado de derecho en la entidad, cual ocurre en tantas otras sometidas por los fueros del crimen en el país? Y entonces, cuando esa impunidad reinante y esa violencia y esa cotidianidad homicida y esas ruinas del Estado de derecho son producto de las complicidades y las incompetencias de la autoridad policial, procesal y judicial, ¿por qué se le premia con estancias de años y años en el cargo, como los doce del Fiscal General del Estado ordenados por el Ejecutivo y constitucionalizados por el complaciente Legislativo, y justo cuando desde la Presidencia de la República y de la mayoría calificada del Legislativo federal, del mismo verdemorenismo que se impone en la entidad caribe, se celebra la reforma que acabaría con la corrupción en el Poder Judicial de la Federación y en los estatales, y se anuncia una más para terminar, asimismo, con la corrupción y la impunidad en las Fiscalías -empezando por la consigna claudista de la no reelección y la conjura contra la excesiva permanencia en el cargo- y en los organismos policiales estatales y municipales, en tanto imposibilitan el buen curso de las ‘Carpetas de investigación’ y el ejercicio procesal más expedito y riguroso, y justifican las omisiones, el rezago de los expedientes, la acumulación de casos penales y el crecimiento de la población carcelaria sin sentencia, y, en definitiva, el triunfo de la ilegalidad en los tribunales. Y quizá en Quintana Roo y en otras entidades, el superpolicía Harfuch y su nuevo comando al frente de una inédita y vasta unidad mixta de civiles y militares de todas las fuerzas navales, aéreas y terrestres de Inteligencia, de investigación criminal y para la infiltración, ubicación, aprehensión y ajustes de cuentas a los sicarios y sus jefes -en lo que sería, además, una nueva etapa de cooperación con las instituciones anticrimen de Washington-, tenga la mira puesta en las andanzas de los Fiscales y los policías locales, en sus alianzas políticas, extraconstitucionales o francamente delictivas, como parte de una verdadera y efectiva nueva etapa en favor de la seguridad y de la paz social, lícitas y como verdadera garantía de un Estado de derecho nunca conocido en México.
SM