XALAPA.- Durante la audiencia para resolver su situación jurídica, un juez retiró la imputación por terrorismo que la Fiscalía General del Estado (FGE) había formulado contra el periodista Rafael León Segovia; sin embargo, no le concedió la libertad absoluta, ya que fue vinculado a proceso por los delitos de halconeo (delitos contra las instituciones de seguridad pública) y encubrimiento por favorecimiento.
Al quedar sin efecto la acusación de terrorismo —delito grave que lo mantuvo en prisión preventiva oficiosa desde el 24 de diciembre—, el juez determinó modificar la medida cautelar y ordenó que el proceso continúe bajo arresto domiciliario, por lo que el comunicador abandonó el penal tras concluir la audiencia.
No obstante, la Fiscalía sostuvo la imputación por “halconeo”, argumentando que el periodista llegaba antes que la policía a escenas de hechos delictivos. Esta acusación ha generado preocupación entre el gremio periodístico, ya que podría sentar un precedente restrictivo para la cobertura de nota policiaca en Veracruz y en otras entidades del país, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado este tipo penal en varios estados por considerarlo violatorio de la libertad de expresión y de prensa.
La audiencia se llevó a cabo en medio de una manifestación de reporteros a las afueras del juzgado, quienes denunciaron que la acción penal es una represalia contra la labor informativa de León Segovia, conocido como “Lafita León”, por su cobertura de hechos de seguridad.
A su llegada al juzgado, el periodista afirmó que la Fiscalía le fabricó delitos a partir del teléfono celular de un presunto testigo, cuya identidad —dijo— no ha sido revelada. Su hijo, Gardiel Josué León Oropeza, explicó que la acusación se basa en que su padre “siempre llegaba primero” a accidentes y hechos violentos, algo que, señaló, realizan otros reporteros de la fuente roja sin que ello constituya un delito.
Previo a la audiencia, la propia Fiscalía había eliminado la palabra “terrorismo” de un boletín oficial, aunque mantuvo la referencia al artículo 311 del Código Penal, correspondiente a ese delito, lo que fue interpretado como un intento de rectificación tras el llamado de atención público de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien exigió aclarar la desproporcionada imputación. Incluso la gobernadora Rocío Nahle reconoció que en Veracruz no existe terrorismo.
Finalmente, el juez vinculó a proceso al comunicador por halconeo y encubrimiento por favorecimiento, ordenando arresto domiciliario hasta por un año, periodo en el que deberá desarrollarse el proceso penal. Esta medida le impide realizar coberturas en la vía pública.
Al concluir la audiencia, Rafael León sostuvo que es víctima de una persecución de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, a la que acusó de actuar con animadversión personal en su contra. También denunció irregularidades durante su detención, como la falta de identificación de los agentes, la incomunicación y el presunto robo de dinero, hechos por los que su familia anunció que presentará una denuncia.