A mediados de 2018, México quedó en medio de una crisis migratoria, cuando miles de personas oriundas de Centro y Sur de América, e incluso de países del continente europeo, comenzaron a llegar a la frontera sur para cruzar ilegalmente al país con el fin de buscar la manera de avanzar hacia el norte para alcanzar su objetivo final: los Estados Unidos. El entonces presidente Donald Trump pidió al Gobierno de Enrique Peña detener el “asalto” de la caravana, advirtiendo que de no hacerlo enviaría tropas para cerrar la frontera con México. A las autoridades mexicanas no les quedó de otra que convertirse en un “país seguro” para los inmigrantes, que pronto comenzaron a quedarse varados, al no tener los medios para continuar su viaje. A su llegada, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su administración ofrecería visas de trabajo para los centroamericanos, expresando que el problema no se resolverá deportando gente, sino generando empleo y bienestar en la región. De esta manera entabló pláticas con las autoridades estadounidenses y canadienses, con el fin de acelerar la creación de fuentes de trabajo y disminuir la migración hacia Norteamérica, además de que promovió programas de desarrollo con gobiernos de Centro y Sudamérica. Sin embargo, la llegada de personas no cesa y ahora ciudades de 10 Estados que estaban exentas de la invasión de inmigrantes han comenzado a sufrir los problemas que acarrea la llegada de personas que no tienen techo, trabajo ni mucho menos comida.
Javier Ramírez
En los primeros días del presente mes, las principales avenidas de Chetumal y Cancún se vieron ‘inundadas’ de cientos de inmigrantes, originarios principalmente de Haití, quienes llegaron procedentes de las estaciones migratorias de Chiapas, en donde las autoridades se han visto incapaces de atender a todos los que llegan ilegalmente para buscar asilo o ayuda para llegar a los Estados Unidos.
Lo anterior provocó no sólo un problema vial y sanitario, sino también trajo conflictos con los comerciantes locales, quienes exhortaron a los gobiernos a poner orden de una vez por todas, para evitar que el problema afecte la llegada del turismo y, por supuesto, de las ganancias en estas fiestas decembrinas.
Bajo engaños y extorsiones
La llegada de más de cien haitianos a Chetumal se registró en las primeras horas del presente mes de diciembre. A bordo de un autobús de transporte turístico, un grupo de 70 personas arribó, procedente de Tapachula, Chiapas, a la subdelegación del Instituto Nacional de Migración (INM), en donde se les informó que se efectuaría el trámite para ser repatriados.
Sin embargo, la infraestructura de la dependencia federal se vio rebasada con las siguientes llegadas de inmigrantes, por lo que pronto éstos tuvieron que salir a las calles para buscar donde refugiarse.
Las autoridades sanitarias hicieron acto de presencia para verificar el estado de toda la gente que comenzó a arremolinarse tanto afuera de la subdelegación como en otras calles de la capital, pero muchos de éstos se negaron a compartir información sobre su salud ante el temor de que afecte aún más su situación migratoria.
Sin embargo, sí que denunciaron la presunta corrupción que existe dentro del Instituto Nacional de Migración, pues aseguraron que además de que fueron traídos con engaños a Chetumal, al asegurarles que así podrían regularizar su estancia en México, los agentes migratorios comenzaron a exigirles dinero a cambio de asientos en los autobuses.
Denunciaron que horas antes de que todos los inmigrantes que no alcanzaron albergue en Tapachula comenzaran a ser distribuidos a las estaciones cercanas, como Campeche, Cancún y Yucatán, estos agentes se acercaron a ellos para ofrecerles boletos de autobuses y hasta los chalecos que los identifican como trabajadores del INM.
Según los quejosos, si pagaban entre 200 y 300 pesos por asiento, saldrían rápido de Tapachula y no tendrían que seguir durmiendo en la intemperie. Los que se negaron, podrían quedarse varados hasta por cuatro días en espera de un lugar en las unidades.
Esta situación incluso provocó conflictos entre los haitianos, quienes comenzaron a dividirse entre quienes cuentan con algo de recursos y quienes no, pues los que tuvieron la fortuna de comprar un chaleco dejaron de ser interrogados por los agentes migratorios y los elementos de la Guardia Nacional.
Apuntaron que su única intención es llegar a los Estados Unidos o, en su caso, encontrar algún trabajo en México para poder alimentar a sus familias, ya que en las estaciones migratorias y albergues no todos pueden alcanzar comida.
“Migración nos dijo que nos llevaría a un lugar mejor, por eso subimos a los autobuses, pero desde el jueves que llegamos, no nos dicen nada, nosotros solo estamos de paso; queremos llegar a Tijuana, pero no nos queda dinero”, lamentó uno de los migrantes, quien pidió no revelar su nombre por temor a represalias.
Piden empresarios atención inmediata
Tras una semana, el problema comenzó a llamar la atención de los comerciantes de la capital. José Luis Mingüer Alcocer, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el sur del Estado, dijo que estaban preocupados por las condiciones inhumanas en las que viven los inmigrantes, pues al no encontrar lugar en la estación de Chetumal comenzaron a deambular por otras calles, en donde no sólo duermen sino también hacen sus necesidades fisiológicas.
“Prácticamente están abandonados a su suerte, están durmiendo en la vía pública, deambulan por el día en varias zonas, hacen sus necesidades donde pueden y hasta se bañan en la calle, por eso consideramos urgente que las autoridades atiendan y solucionen este problema. (Este problema) está generando una mala imagen y hay preocupación de que por esta misma condición en las que están, se pudieran detonar acciones delincuenciales y ahorita que se busca detonar el turismo en la zona sur, esto no ayudará”, aseveró.
Indicó que es necesario que las autoridades de salud intervengan en estos casos, pues a simple vista se observó que varios migrantes tienen problemas de salud, lo que podría generar un brote de enfermedades o contagios de Covid-19.
“Alguien tiene que intervenir y corroborar que reciban servicios médicos, alimentos y un lugar para refugiarse. No deberían seguir en la calle, no es permisible que continúen bajo esas condiciones en las que están. Sabemos que ni siquiera Derechos Humanos se ha dado una vuelta por ahí y debería de hacerlo, ya hay quejas de quienes habitan a los alrededores y ni siquiera así se atiende y se soluciona esta situación”, comentó.
La estación migratoria de Chetumal simplemente no tiene la capacidad para atender a los aproximadamente 120 haitianos (14 de ellos menores de edad) y a otra cantidad similar de personas originarias de Africa, Brasil, Colombia, Chile y Cuba, quienes continúan en espera de que se resuelva su situación migratoria.
Varados en Cancún
La situación comenzó a repetirse en Cancún apenas unos días después, cuando cerca de 300 haitianos, desde adultos hasta niños, instalaron un campamento en la Glorieta de la Historia, ubicada a 100 metros de la delegación del INM.
Al no tener recursos, varios han comenzado a recorrer el Centro de la ciudad para pedir ayuda a habitantes y turistas, pues no saben cuánto tiempo estarán varados. Por lo pronto, las autoridades migratorias les entregaron carnets de identificación para que puedan comprobar que están legalmente en la ciudad, en caso de que tengan que recurrir a otras autoridades o buscar servicios.
Y como en Chetumal, los empresarios también están pidiendo a las autoridades correspondientes que atiendan cuanto antes esta situación, que amenaza con desbordarse aún más, puesto que se espera la llegada de más inmigrantes a partir del 22 de este mes, fecha en la que el INM programó nuevas salidas de autobuses desde Tapachula, Chiapas, a las ciudades de los 10 Estados que han sido incluidos en el programa para protección de inmigrantes.
Terminan quedándose en México
Y es que cansados de ser víctimas de delincuentes, casi la mitad de quienes llegan a México con la meta de cruzar a Estados Unidos decide quedarse a vivir aquí, al ser la opción más viable, pues incluso si llegaran a EU, las posibilidades de que sean deportados a sus países de origen son mayores.
En la encuesta “Los Desafíos de la Migración y los Albergues como Oasis”, realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se destaca que las razones para quedarse son múltiples, destacando la falta de recursos económicos para continuar el viaje –los llamados ‘polleros’ llegaban a cobrar hasta 10 mil dólares por persona para pasarlos-, oportunidades laborales que encuentran en el camino, la deportación previa desde Estados Unidos o porque forman una familia con mexicanos.
El reporte también destaca que de la población indocumentada, el 70% son hondureños, el 12% salvadoreños, 10% guatemaltecos, 3.5% haitianos, 1.8% nicaraguenses y el resto, con menos del 1% cubanos y africanos de Ghana, República del Congo y Camerún.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados informó que en 2017, 294 mil centroamericanos solicitaron a las autoridades mexicanas ser reconocidos como refugiados, un aumento del 58 por ciento en comparación con el año anterior.
Sin embargo, el establecimiento de los indocumentados trae diversas consecuencias en las zonas donde se asientan, pues si bien algunos deciden trabajar de manera honesta, otros optan por el camino fácil de vivir de la mendicidad o del crimen. Y la mayoría, sino es que todos, terminan sufriendo graves problemas psicológicos al haber estado expuestos a la violencia y el estrés.