CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional en materia de pensiones con el propósito de eliminar privilegios en los altos mandos del sector público.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria aclaró que la propuesta no afectará a trabajadores de base ni a quienes están amparados por contratos colectivos, como ocurre en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Explicó que la reforma está dirigida a exfuncionarios que ocuparon cargos directivos y que actualmente reciben pensiones considerablemente superiores al promedio nacional. Como ejemplo, mencionó casos en los que se pagan hasta un millón de pesos mensuales, particularmente en organismos como la extinta Luz y Fuerza del Centro.
“Lo que se va a presentar es una reforma constitucional para que, a partir de ahora, la pensión sea la mitad de lo que gana la titular del Ejecutivo Federal”, detalló.
Según información que presentó la Presidenta, hay nueve mil 457 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que tienen pensiones de más de 100 mil pesos mensuales, mientras que en Petróleos Mexicanos hay 544 trabajadores con pensiones similares.
Asimismo, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, indicó que en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hay dos mil 199 personas pensionadas que reciben montos superiores al sueldo de la Presidenta de la República, algunos de ellos entre 200 y 600 mil pesos mensuales.
Buenrostro Sánchez señaló que tras una revisión en empresas productivas del Estado y organismos públicos se detectaron jubilaciones muy por encima de los tabuladores oficiales y del promedio nacional.
Indicó que, mientras la pensión promedio en el país ronda entre 6 mil 600 y 7 mil pesos mensuales —según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)—, existen casos en el sector público que superan hasta 140 veces esa cifra.
Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián Peralta, explicó que la iniciativa establecerá un tope constitucional a las jubilaciones y pensiones de altos mandos de confianza en entidades públicas, con el fin de garantizar austeridad y reducir el impacto en el erario.
En términos generales, la propuesta plantea que las pensiones de exfuncionarios de alto nivel no puedan exceder el 50 por ciento de la remuneración que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal.