CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto por el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) pueden continuar en labores de seguridad pública hasta 2028.
Lo anterior se implementará mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades y alcance territorial para desempeñarse en óptimas condiciones en las labores de seguridad pública del país.
El decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entrará en vigor este sábado y se extenderá hasta 2028 a pesar de las alertas de la sociedad civil y de organismos internacionales sobre posibles violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, y en atención a ello, la reforma establece que su uso es de carácter extraordinario, regulado y fiscalizado.
Esto es que más allá de ese año −al menos que se vuelva a reformar el Artículo Quinto Transitorio la Constitución− las Fuerzas Armadas no podrán permanecer en las calles y deberán regresar a sus cuarteles; asimismo, durante ese tiempo se tendrán que apegar y capacitar en materia de derechos humanos y doctrina policial civil.
Además, se evaluará y supervisará periódicamente el funcionamiento de los cuerpos militares en las calles.
Para ello, el decreto contempla la creación de una Comisión bicameral, es decir, una “delegación” integrada por diputados y senadores la cual se reunirá cada que su directiva así lo solicite para analizar los dictámenes semestrales que el gobierno federal emita, los cuales deberán contar con “indicadores cuantificables y verificables” sobre su desempeño.
“(Ahí se) evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo”, sostiene.
Por tratarse de una modificación constitucional, antes de su publicación debió ser aprobado por al menos 17 de los 32 Congresos locales, para lo cual el presidente López Obrador envió como su representante al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien presentó la reforma ante los diputados y diputadas locales.
Fuente: El Sol de México