El gobierno federal se encuentra en problemas: vendió varios vehículos de lujo que no les pertenecían, por lo que el legítimo dueño ya demandó a la FGR.
Todo inició en mayo de 2019, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) capturaron en León, Guanajuato, a ocho presuntos miembros de una banda de piratas informáticos a los que les confiscó 34 vehículos de lujo de marcas como Ferrari, Lamborghini y McLaren.
El operativo incluyó el cateo de 11 inmuebles en un barrio residencial de León en donde las autoridades también confiscaron siete motocicletas de lujo, así como varias armas de fuego, cartuchos y droga.
A siete meses del decomiso, el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) vendió siete vehículos de lujo asegurados al grupo de hackers; pero por esta acción ahora enfrenta una demanda, de acuerdo con Reforma.
Los vehículos de lujo legalmente no podían ser enajenados y al parecer no eran propiedad de los acusados; sin embargo, el Indep vendió 7 de esos carros en la subasta efectuada en Los Pinos el 15 y 16 de diciembre de 2019.
Derivado de esta subasta, el Indep, dependiente de la Secretaría de Hacienda, ingresó a la dependencia 28.6 millones de pesos por la venta de los vehículos a personas originarias de Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo, Estado de México y Guanajuato; sin embargo, en esas fechas ninguno de los vehículos tenía una sentencia de decomiso, extinción de dominio o declaratoria de abandono, con lo que se podría hacer uso de las unidades.
Fue así que en septiembre de 2020 es decir, nueve meses después de la subasta por parte del Indep, la empresa Intermediaria Sotecami solicito por escrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) levantar el aseguramiento y devolverle los autos.
Pero no se hizo. En los siguientes dos años la empresa pidió en varias ocasiones que se resuelva esta situación, presentando los documentos que los acreditaba como dueños: los presuntos hackers sólo habían rentado los vehículos.
Además, en agosto de este año los sospechosos fueron liberados por falta de pruebas. Fueron declarados inocentes, pero aún así perdieron todo, incluso los autos.
Ahora ambas partes han denunciado al Gobierno Federal por haber ofertado propiedad incautada de un proceso judicial que no había concluido, además de hacer caso omiso a las reclamaciones.