La unión que tiene el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estaría a punto de costarle la victoria a la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo” en el principal Municipio turístico de la entidad. Y es que cada vez son más las voces que reclaman a Mara Leza Espinosa, quien busca la reelección en Benito Juárez este 6 de junio, el mantener dentro de su planilla a uno de los tres principales integrantes del llamado ‘Cártel del despojo” de Cancún: el dirigente estatal del PVEM Pablo Bustamante Beltrán, quien junto con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, Gustavo Miranda García, y la madre de este último, Érika Luz García Deister, empresaria del norte de la entidad, habría llevado a cabo la simulación de varios juicios laborales para quedarse con varias lujosas propiedades de aquel polo turístico. La Fiscalía General del Estado ya confirmó que está investigando el caso, pero hasta el momento no hay avances y empresarios, organizaciones civiles y militantes del Morena exigen la salida de Bustamante Beltrán de la planilla de Lezama, e incluso terminar con la alianza que mantienen los dos partidos políticos, pues el Verde sólo ha demostrado ser un nido de corrupción, siempre al servicio del mejor postor, ya sea el PRI, el PAN o quien sea que esté en el poder. Una posible victoria de Mara Lezama representaría varios años más de ilegales negocios en Cancún, como se ha visto en la entrega de las concesiones de la basura o el alumbrado público, todo ello permitido por sus cómplices en el Congreso del Estado, encabezados actualmente por Miranda García.
Javier Ramírez
La molestia de los militantes y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Cancún es clara: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el que se ha conformado la alianza local “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, junto con el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Auténtico Social (MAS), no merece que se le haya asignado el 50 por ciento de las candidaturas federales ni el 30 por ciento de la planilla en el Municipio de Benito Juárez, debido no sólo a que apenas representa al 3 por ciento del electorado de la entidad, sino también porque es una organización de delincuentes.
La inclusión del dirigente estatal del Verde, Pablo Bustamante, en la planilla de Mara Lezama, quien busca la reelección, fue la gota que derramó el vaso, pues el rechazo se ha extendido hacia los empresarios, quienes no pueden creer el cinismo con el que la alcaldesa con licencia, quien no se queda atrás en lo que corrupción se trata, les está pidiendo el voto.
El Morena, por seguir el juego del Verde, podría perder el Municipio este 6 de junio.
Exhiben verdades del Verde
Los reclamos hacia el Morena comenzaron a mediados de marzo, cuando ya estaban casi definidas las candidaturas para los comicios de junio próximo.
El pasado 22 del referido mes, militantes y simpatizantes acudieron al Palacio Municipal de Cancún, en donde iniciaron una manifestación con pancartas y lonas en las que expresaron su repudio a la alianza del Morena con el PVEM, debido a la corrupción con la que el último partido se ha desenvuelto en los últimos años, principalmente en el norte del Estado, además de que, consideran, no cuenta con el suficiente apoyo de la población como para justificar que le haya tocado la mitad de las candidaturas de la coalición.
Por ello, entregaron al dirigente estatal del Morena, Jorge Parra Moguel, un manifiesto para que se iniciara un proceso legal de anulación de la referida alianza. Además, informaron que recolectarían firmas en todos los Municipios de la entidad con el fin de hacerlas llegar a la dirigencia nacional y pedir que “se reestablezca la democracia y cese la imposición”.
Durante la protesta, Parra Moguel les dio la razón, al decir que la dirigencia nacional excluyó al comité estatal del partido del proceso interno de selección de candidatos, lo que permitió que el PVEM arrebatara lugares que legítimamente pertenecen al Morena.
Los quejosos expusieron el negro historial de los integrantes del PVEM, empezando por el exlíder estatal José de la Peña Ruiz de Chávez, quien había sido involucrado con la mafia rumana que operaba en Cancún y la Riviera Maya, al grado de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le embargó sus cuentas.
Durante el periodo de De la Peña Ruiz de Chávez, el PVEM refrendó su poder en Benito Juárez, tanto en el trienio de Remberto Estrada Barba como en el de la morenista Mara Lezama, quien les entregó en bandeja de plata concesiones importantes como los de la basura y el alumbrado público.
El ‘Cártel del despojo’
Para evitar que la mala fama del también diputado local afectara el destino de la coalición con el Morena, el Consejo Político Estatal del PVEM destituyó a José Luis de la Peña y en su lugar nombró al entonces regidor benitojuarense Pablo Bustamante Beltrán como nuevo secretario general del Verde en Quintana Roo.
Sin embargo, en abril pasado, el portal de noticias Latinus presentó una investigación que exhibió la manera en la que un grupo de servidores públicos del PVEM y una particular operaban en Cancún para apoderarse de lujosas propiedades mediante juicios laborales amañados.
Entre los señalados están Pablo Bustamante y Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, y la madre de este último Érika Luz García Deister, reconocida empresaria de Cancún.
Según la investigación, los tres trabajaban con la Junta Laboral de Cozumel, con el notario público 84, Jorge Cruz Hernández, de Playa del Carmen, y con el Registro Público de la Propiedad del Estado, para obtener valiosas propiedades, incluido un departamento en el residencial Maioris Tower, de Puerto Cancún, donde cuatro empleados de Luz García (encabezados por Pablo Bustamante) simularon un despido laboral para reclamar una deuda acumulada durante años, por el pago salarial de 90 mil pesos al mes.
En una última entrega de dicho portal, publicado hace unos días, se destacó que varios de los amigos, socios y colaboradores de Gustavo Miranda, quienes participaron en este esquema de despojos, ya forman parte de la nómina del Congreso del Estado, siendo uno de ellos Eugenio Segura Vázquez, quien hoy funge como subsecretario de Servicios Administrativos del Congreso. Eugenio Segura es primo de Jorge David Segura Rodríguez, uno de los principales operadores de la madre de Miranda García y socio de éste en la empresa transportista “Xolos Transfer, S.A. de C.V.”. La unión de éstos culminó en el despojo de un departamento en Residencial La Vista El Table Cancún.
Tras las denuncias, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo (FECCQROO) abrió una carpeta de investigación contra el “Cártel del despojo”, al considerar que “los datos aportados públicamente han sido suficientes para girar las instrucciones necesarias y así establecer las posibles líneas de investigación”. Con base en ello, dijo, se realizarán todos los actos tendientes para esclarecer el caso.
Encaran a Mara
La inclusión de Pablo Bustamante como síndico en la planilla de Mara Lezama provocó el disgusto de empresarios y organizaciones civiles, quienes consideran inadmisible que éste se mantenga como candidato a pesar de que es investigado por las autoridades.
Mediante un comunicado, el Observatorio de Quintana Roo, A.C., afirmó que resulta inaceptable que Pablo Bustamante Beltrán sea propuesto como síndico de la alianza Morena-PVEM-PT en Cancún, toda vez que está en medio de un proceso judicial.
Tras indicar que tuvieron acceso a las pruebas de la parte demandante y que por lo tanto tienen la certeza de sus afirmaciones, los firmantes expresaron que “desafortunadamente los procesos judiciales son lentos y no dudamos que estén obstruidos para su terminación por alguna influencia política de los demandados. Esta petición de no aceptar esta propuesta es conjunto con otras organizaciones empresariales y sociales, porque no se puede permitir que la responsabilidad de estas funciones del Ayuntamiento queden -si así fuese- en manos de una persona cuestionada”.
Consideraron que si bien la elección de las autoridades municipales depende de los votos ciudadanos, es muy importante que los partidos políticos revisen la trayectoria, capacidad y situación personal de sus candidatos.
Pero los reclamos ya llegaron directamente a la candidata morenista Mara Lezama, pues en una reciente reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), el consejero nacional de Seguridad Pública, James Tobin Cunningham, le recriminó mantener a Pablo Bustamante como candidato a síndico municipal.
“No es posible que mantengas como síndico en tu planilla a este muchacho, Pablo Bustamante; no es posible que una persona que está en un proceso tan delicado, por favor, yo creo que es importante decirlo con sus letras: Pablo Bustamante está en un proceso con el que a todas luces, y si nos preguntan a nosotros, está en una situación muy delicada”.
El empresario no paró ahí, pues incluso reclamó al CCE que mantenga silencio aún conociendo la situación.
Mara le dio vueltas al asunto e incluso no garantizó su permanencia en el Cabildo en caso de ganar, pues pediría licencia para buscar la gubernatura, lo que muchos consideran significaría dejar al PVEM el control del Ayuntamiento.
Al respecto, Francisco Córdova, expresidente del CCEC, consideró en sus redes sociales que es urgente que la Fiscalía General del Estado presente avances o, de plano, resuelva la investigación para poder despejar dudas sobre el proceder de Bustamante.