CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Justicia del Senado circuló el proyecto de dictamen con el que busca combatir el financiamiento al terrorismo, mediante modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal, para adaptarlos a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En la sesión de este miércoles, el presidente de la comisión, Javier Corral, explicó que el dictamen busca procurar la estabilidad del sistema financiero y la sanidad de la economía nacional, mediante el fortalecimiento en el combate a la criminalidad nacional y transnacional.
“Esto mediante la instauración de una serie de medidas legales destinadas a regular actividades consideradas vulnerables, con el fin de prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo”, indicó el senador.
Explicó que se busca cumplir con las recomendaciones del GAFI, las cuales serán verificadas en este año, y mitigar riesgos significativos que implicarían nuevas recomendaciones a México o sanciones, como podrían ser meterlo en listas públicas negras, grises o “en casos extremos expulsar al país como miembro del grupo”, algo que afectaría las relaciones internacionales y percepción de riesgo en el país.
Comentó que la iniciativa fue elaborada en conjunto con Pablo Gómez, titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF), y también se han recibido propuestas de la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer el dictamen.
Durante la sesión, la senadora priista Carolina Viggiano señaló como preocupante que se incluya a asociaciones religiosas, asociaciones políticas, partidos políticos, sindicatos y colegios de profesionistas como entidades responsables.
“Esta reforma puede usarse de forma discrecional, con fines políticos al poder, considerar como operaciones con recursos de procedencia ilícita, conductas que hoy la autoridad electoral revisa y sanciona”.
De igual forma, criticó que se esté considerando a personas políticamente expuestas a quienes hayan ejercido un cargo a nivel nacional e internacional, incluyendo a sus familiares: “Parece una reforma persecutoria más que de combate a la corrupción y delitos financieros”.
Fuente: El Financiero