Signos
El problema no serían los delitos del malhechor, sino la probada incompetencia de la autoridad acusadora y la sobrada e incontrastable y casi absoluta impunidad que identifica al sistema penal mexicano para hacer que pague por ellos.
Los gobernadores tamaulipecos de las últimas décadas han sido los culpables de que una entidad tan productiva y tan próspera se haya convertido en uno de los territorios más violentos y a merced de las bandas más sanguinarias del mundo, y el actual mandatario estatal panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene el mismo perfil delictivo de algunos de sus más nocivos y priistas antecesores, forjado a pulso, como ha sido, desde sus primeros años, según consta, por ejemplo, en los expedientes policiales texanos, cuando formaba parte de un grupo que operaba en las inmediaciones fronterizas y se dedicaba, entre otras cosas, al robo de automóviles en el Valle de Texas.
Esos gobernadores han sido parte fundamental de la violencia desaforada que ha consumido a Tamaulipas y a otras regiones sin ley donde los Gobiernos y las instituciones públicas fueron sometidas por el hampa, en un país en que el Estado de derecho sigue siendo rehén de dichas organizaciones de la industria del narcoterror y contra las que sigue sin haber una política y una estrategia consistentes y decisivas de seguridad y de orden jurisdiccional que las extermine y sean capaces de imponer, por fin, el mandato constitucional burlado en absoluto por ellas, y más devastado que nunca desde los días inaugurales de la alternancia democrática en los Poderes republicanos representativos, hace más de dos décadas (es decir, cuando se multiplicaron también las masivas instituciones, llamadas autónomas, que combatirían la irregularidad electoral y la ilegalidad en las otras instituciones, las no autónomas, o intrínsecas u orgánicas de los Poderes republicanos, los que engendran a esas instituciones autónomas electorales, de transparencia y contra la corrupción: un círculo vicioso de masivas burocracias cuyo perverso entramado y su onerosa duplicidad no es comprensible en naciones civilizadas, porque fue diseñado para combatir la corrupción en las formas constitucionales, y para legitimarla en la realidad de la inoperancia coercitiva de las funciones institucionales ‘autónomas’).
Y, desde entonces, la violencia y la criminalidad se han desplegado en México impulsadas por la mayor impunidad de todos los tiempos. Y, hoy día, los organismos anticrimen y de seguridad, como la Fiscalía General de la República, siguen siendo lo que han sido siempre frente al delito –aparatos inermes de suma cero-, y los delincuentes del más alto nivel siguen siendo no más que perseguidos por la retórica y la propaganda, pero con casi nulos resultados de procesados importantes con evidencias irrefutables y puestos con penas mayores tras las rejas.
Más cuentos chinos que realidades justicieras es lo que se conoce de los ámbitos policiales y procesales. Y Cabeza de Vaca puede ser sólo un caso más en ese nutrido altero de fracasos contra el crimen, la impunidad y la inseguridad. Su perfil criminal es tan caudaloso como el Río Bravo. Pero la inoperancia procesal mexicana es tan escandalosa como la violencia y la reincidencia letal de las legiones de sicarios más libres y productivos del mundo.
De modo que, ¿se hará justicia o se hará el ridículo? El espectáculo empieza…
Y los manantiales especulativos fluyen en las vísperas del desafuero del mandatario estatal y en una temporada de elecciones donde el sofisma será un primer protagonista entre la pirotecnia interpretativa de las galerías y sus respectivos bandos, los que defenderán a muerte la justeza necesaria del proceso punitivo y quienes lo acusarán de ser una vulgar persecución con propósitos electoreros.
Pero el caso es que si el gobernador va a la cárcel y procede en su contra una sentencia capital sobre la confirmación de los graves cargos que se le imputan, habrá de inaugurarse con ello un cambio verdadero en el combate contra el crimen en México. Y si la cosa, más bien, no pasa de lo de siempre, de lo de Lozoya Austin y los tantos implicados en incontables delitos presumibles que jamás pasan de la habladuría y las condenaciones mediáticas, o acaba en implicaciones intrascendentes y en una causa fallida y sin mayor castigo que sólo habría de cumplir, en efecto, propósitos políticos de temporada, habrá razones de sobra para acusar, a los responsables gubernamentales de hacer justicia en el orden federal, empezando por el presidente de la República, de verdaderos traidores a la nación.
Tal es la envergadura del ‘caso Cabeza de Vaca’: o se hace justicia ejemplar, o el más censurable de los circos…
SM