Signos
La Presidenta anda perdida, descompuesta, sin recursos políticos ni discurso para maniobrar y convencer. Sin fuerza de liderazgo.
Y eso es peligroso.
El crimen observa y arremete. Trump amenaza. Advierten debilidad y vulnerabilidad. La perciben sola.
Los gobernantes y líderes de su entorno son parte del problema: oportunistas corruptos, cuando menos; delincuentes embozados, cuando más. Simuladores todos.
Calderón fue con las Fuerzas Especiales de la Armada y con la DEA a enfrentar al ‘narco’. Peña Nieto y López Obrador evitaron esa alternativa por temor a los saldos mortales y a las repercusiones políticas de los mismos y a las acusaciones y a la propaganda de represores y violadores de los derechos humanos con que fue apedreado en la opinión pública Calderón.
Pero los tres optaron por lo que optaron porque la alternativa de la legalidad no estaba disponible. Los sistemas de Justicia federal y estatales estaban destruidos por la incompetencia y la corrupción. (Se venia de la Justicia fáctica priista y de ese personalismo posrevolucionario y totalitario del poder.) Los cuerpos policiales eran más del crimen organizado que de la seguridad pública. Los Gobernadores y los Alcaldes estaban amenazados o comprados por el narcoterror. Los Jueces y agentes ministeriales, igual.
¿Algo ha cambiado? No.
Por el contrario: tras la democratización precipitada y fallida de la reforma judicial, los sistemas de Justicia quedaron más a merced de la corrupción del poder político y por tanto del crimen organizado.
La condición autónoma de las Fiscalías locales es un embuste.
Nada se ha modernizado ni es más eficiente en los ámbitos jurisdiccionales. Y eso abona a la criminalidad. A su poder simbiótico (político y de empresa) y de ascenso en las decisiones públicas, de Estado.
¿Qué queda? Queda que la Presidenta se quite los prejuicios del pago de facturas a su tutor y predecesor.
Que deje que Harfuch, su Secretario federal de Seguridad, afine las estrategias del Gabinete policial y militar de Seguridad, con la prioridad de la Inteligencia, pero sin limitaciones selectivas sobre el nivel, la jerarquía y la celebridad o la influencia política de los criminales a perseguir, capturar o eliminar (si lo exigen las circunstancias), y con ‘amplitud’ en las relaciones internacionales de colaboración anticrimen.
La Presidenta debe promover -y anunciar en las dimensiones de lo posible o que no afecte las operaciones discrecionales y de espionaje- un nuevo plan integral anticrimen y de pacificación y seguridad nacional, donde asegure que nadie, absolutamente nadie, quedará por encima de la ley, sea del partido que sea, y que todo potencial sospechoso de delitos será investigado y, de ser culpable, debidamente sancionado, sin excepciones de ninguna especie.
Por ejemplo.
Cero tolerancia y cero complacencias, debe ser su nuevo plan político y de seguridad.
Si sigue en su letanía de acusaciones al pasado sin incluir los males obradoristas en materia de seguridad, estará perdida hasta la derrota total.
Si no cambia el discurso y la estrategia de liderazgo político y de Gobierno en lo que a la seguridad se refiere, el país entero lo habrá de lamentar.
SM