Cancún: La pandemia no detiene los crímenes ambientales de los hoteleros

La pandemia, que no detiene a los sicarios, tampoco limita los crímenes ambientales de los hoteleros

Cancún cumple 50 años de historia con la crisis económica más grande que jamás haya vivido. Cualquier huracán que haya golpeado las costas de Quintana Roo se ha quedado corto con los daños que hasta el momento está provocando la contingencia sanitaria y los efectos consecuentes de las medidas oficiales dispuestas para evitar lo más que se pueda los contagios del Covid-19. Y, sin embargo, ni siquiera una pandemia parece detener la devastación y la sobreexplotación de los recursos naturales en aras de la industria hotelera. En las últimas semanas, grupos ecologistas han denunciado el dragado de playas, la tala de árboles y la muerte de animales en peligro en extinción, tanto en Cancún como en los vecinos Municipios de Puerto Morelos y Tulum, sin que las autoridades hagan algo, ya no se diga para detener los ecocidios, sino para preservar la salud de decenas de trabajadores -albañiles, herreros, carpinteros y demás- que laboran con el riesgo de contraer el virus, lo que confirma de nueva cuenta que todo es posible gracias a la corrupción y a los negocios turbios que no cesan entre el empresariado turístico e inmobiliario, y las autoridades de todos los niveles de Gobierno involucradas, empezando por las de los Ayuntamientos de todos los signos políticos, siempre dispuestas a recibir las millonarias ‘comisiones’ personales de los inversionistas a cambio de todas las autorizaciones para violentar el entorno en favor de sus ganancias. La permisividad y la corrupción públicas han posibilitado en el Caribe mexicano, donde el medio natural es de los más ricos y débiles del planeta, las inversiones turísticas más depredadoras y enemigas de ese tipo de entornos naturales. Por eso en Chemuyil –donde Gastón Azcárraga, por ejemplo, el delincuente empresarial que quebró Mexicana de Aviación, obtuvo la autorización estatal para que Grupo Posadas fincara uno de sus hoteles a cambio de corromper al Gobierno estatal en turno- se destruye el hábitat de las tortugas (en virtud de que la autorización se obtuvo antes de la legislación que ahora lo prohíbe), y en toda la Riviera Maya se arrasa con la flora y la fauna que van quedando de lo que ha sido uno de los reinos más diversos y ricos del mundo entero. A la inversión hotelera se le ha privilegiado con todo género de beneficios gubernamentales, y a su vera las ciudades han crecido con las peores malformaciones y los más nutridos ámbitos de indigencia, insalubridad e inseguridad. Han cundido el subempleo y la miseria salarial, pero los gobernantes y dignatarios institucionales que han apadrinado la bonanza mediante autorizaciones a la medida de las conveniencias empresariales, se han hecho ricos, aunque jamás hayan transformado la riqueza turística en rentabilidad fiscal, y en obras y servicios públicos equiparables con el crecimiento de la demanda social. El crecimiento económico del Estado se refleja en el deterioro progresivo de las urbes turísticas y de su calidad de vida, y se ha distanciado cada vez más de los niveles de bienestar popular que debieran justificar la inversión privada. Cuanto más y mejores hospitales para la medicina social debiera haber como saldo saludable del éxito inversor y de sus remanentes en el erario, por ejemplo, los centros hospitalarios existentes son más insuficientes y peor dotados. La corrupción y la voracidad políticas se han interpuesto entre las grandes fortunas turísticas y las grandes mayorías que debían ser las destinatarias fiscales de sus incontables ganancias.

Javier Ramírez

El ecocidio está a la orden del día en Quintana Roo. Además de ser la entidad que padece el mayor número de conflagraciones forestales en todo el país, con más de tres mil hectáreas afectadas –sobre todo en el Municipio de Bacalar-, al menos cinco obras hoteleras se están fincando en la zona norte de la entidad en plena contingencia sanitaria.

Hoy día, las pandemias microbianas proceden del cambio climático y de la destrucción biótica que provoca en gran escala. Los incendios del hábitat y la miseria de los conglomerados urbanos asocian los males de la fauna con los humanos, y los gérmenes patógenos mutan en contagios cada vez más expansivos y letales.

En el Caribe mexicano nunca debió permitirse la colonización urbana inmoderada, la devastación ecológica del paraíso silvestre, y todas las brutalidades cometidas contra el medio natural y su necesario equilibrio, a cambio de un negocio turístico tan depredador que más se ha significado por la ruina y el empobrecimiento del entorno que por el equilibrio de la renta fiscal, la distribución equitativa del ingreso y el bienestar social.

Hoy se padece el impacto de una peligrosa pandemia global en un contexto de marginalidad y de miseria de los centros turísticos, con hospitales públicos del todo insuficientes y deplorables, y con incendios cada vez más destructivos y amenazantes por su vecindad con las poblaciones. El calentamiento global produce más enfermedades, huracanes y pobreza. Y en Quintana Roo las selvas arden y el virus mata y se expande, pero los hoteleros siguen destruyendo el hábitat natural sin que nadie les ponga un freno.

Y las autoridades municipales argumentan que están atadas de manos porque el tema de los permisos y las sanciones son responsabilidad de sus contrapartes federales.

La situación no sorprende de ninguna manera, puesto que Grupo Posadas, que está detrás de la destrucción de dunas en Chemuyil, adelantó en marzo pasado que a pesar de la pandemia no detendrá sus planes para expandirse a otros 36 hoteles.

Quien consiguió su concesión en Chemuyil, a finales de los noventa, se llama Gastón Azcárraga y es un delincuente empresarial que hizo tratos sucios con el Gobierno estatal de entonces. En su tiempo como líder del Grupo Posadas, también se apoderó de Mexicana de Aviación sólo para saquearla y quebrarla. Y hoy sus herederos corporativos pueden despedazar el medio natural porque no hay ley ni autoridad que pueda impedírselos.

¿Aval municipal?

El pasado 17 de los corrientes, la titular del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), Aracely Domínguez, denunció públicamente el desmonte de un terreno ubicado frente a la entrada del Parque Kabah, que colinda con la Universidad Tecnológica de Cancún y el colegio particular Leonardo da Vinci, en Cancún.

De acuerdo con la activista, dichos trabajos se llevaron a cabo sin los permisos ambientales correspondientes, por lo que se interpuso una denuncia formal ante la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez, instancia que clausuró los trabajos.

Sin embargo, los encargados de la obra regresaron horas después con más camiones y tractores para continuar con la devastación. Aseguraron tener el aval del titular de la referida dependencia municipal, Armando Lara de Nigris.

La ambientalista no sólo señala la muerte de decenas de especies de árboles y animales, sino también el hecho de con la quema, de por sí de alto riesgo en esa zona, se expone tanto a los vecinos como a los trabajadores del lugar.

La Secretaría de Ecología y Desarrollo Municipal agradeció las denuncias de los protectores ambientales e inició un procedimiento administrativo contra los responsables del ecocidio, pero hasta el momento no ha servido de nada.

Aprovechan la contingencia

En Puerto Cancún, en una zona de playa inaccesible para los ciudadanos, se lleva a cabo la construcción de un edificio, el dragado de arena y la modificación de la duna costera, pese a que desde el pasado 3 de abril la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) ordenó suspender todos los trabajos privados de construcción.

Los responsables de las obras habrían aprovechado el poco movimiento de personas en el lugar para comenzar con los trabajos de extracción de arena utilizando una barcaza de dragado, lo que quedó registrado en un video subido a las redes sociales por la página Luces del Siglo.

La playa de donde se está extrayendo la arena es zona de alta anidación de tortugas.

El conglomerado inmobiliario FRBC-PC Club Dos S. de R.L. de C.V., está detrás de esta obra con la que se pretende crear playas para más de 600 departamentos de los desarrollos SLS Harbour Beach y SLS Marina Beach.

Se deslindan autoridades municipales

El litoral de la Laguna Nichupté tampoco está exento del crimen ecológico. En redes sociales, ciudadanos denunciaron la tala de manglar frente a la Plaza Kukulcán, en el Kilómetro 13 de la Zona Hotelera de Cancún.

Dicha obra inició desde febrero pasado, pero había entrado en una pausa hasta que en medio de la cuarentena fue reiniciada con maquinaria pesada y a mayor velocidad.

Aracely Domínguez, de Gema, informó que se presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), instancias a las que corresponde vigilar y proteger los manglares de la Laguna Nichupté, pero hasta el momento ninguna de ellas ha actuado.

Por su parte, Armando Lara de Nigris, aceptó tener conocimiento de dichos trabajos y que inclusive el personal de la Secretaría de Ecología municipal acudió al sitio para pedir que detuvieran la obra, pero que tanto los permisos como las sanciones son responsabilidad de las instancias federales.

“Les pedimos que suspendieran las obras, pero no están obligados a ello, sólo a otorgar cubrebocas, guantes y gel antibacterial a todos sus trabajadores”, aseveró.

Afectación a tortugas

En el Municipio de Puerto Morelos, la asociación civil Puerto Morelos Sustentable envió el pasado 7 de abril una carta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo Manzur, para solicitarle que se detenga la devastación de 3.5 hectáreas colindantes con Hotel El Cid Spa & Beach Resort.

De acuerdo con lo informado por los activistas a La Jornada Maya, varios camiones cargados de material han estado ingresado al referido predio durante las noches, aparentemente con la finalidad de rellenar el manglar.

En su misiva, aseguran haber sido blanco de agresiones por parte del personal de seguridad del lugar, señalando que el responsable de los trabajos es José Isidro Guillén Zapata, propietario legal del inmueble, mismo que fue denunciado en agosto del año pasado por la utilización de productos químicos para matar el ecosistema del manglar.

Grupo Posadas desobedece la ley

Finalmente, la devastación más grande estaría ocurriendo en la zona de Chemuyil, en el Municipio de Tulum, donde el Grupo Posadas edifica un nuevo complejo hotelero.

El pasado martes 21 de abril, fiscales del Ayuntamiento de Tulum acudieron al sitio para clausurar los trabajos que están a cargo de la empresa Promotora Ecotur S.A. de C.V., pero, como sucedió en el caso de Parque Kabah, los trabajos fueron reanudados en cuestión de horas, incluso duplicando al personal para terminar la obra lo más rápido posible.

Roberto Herrera, presidente del Comité Estatal de Protección a la Tortuga Marina, informó que, desde marzo, más de 25 organizaciones y asociaciones protectoras de la zona de anidación de la tortuga en Xcacel-Xcacelito han interpuesto denuncias ante la Profepa debido a que dichos trabajos ponen en riesgo la temporada de anidación, y, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han intervenido, ni siquiera porque peligra la salud de los trabajadores al trabajar durante la emergencia sanitaria y la orden de suspensión de obras no esenciales.

El proyecto de Grupo Posadas fue autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con el permiso número 23QR2018T0080, publicado el 8 de agosto del 2019 en su Gaceta Ecológica, a favor del llamado Fideicomiso Chemuyil, operado por Banco Actinver.