TULUM.- A pesar de que existe una orden judicial para su demolición y de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la regularización de su construcción y operación, el condominio Maiim, ubicado en la bahía Tankah de Tulum, continúa realizando acciones ilegales, como el amueblado de departamentos, en abierto desacato a las resoluciones oficiales.
El desarrollo inmobiliario fue edificado sin contar con autorización ambiental federal, requisito indispensable en una zona ecológicamente sensible, pero obtuvo permisos de uso de suelo y construcción otorgados de manera irregular por el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Diego Castañón, lo que permitió el avance de la obra pese a su ilegalidad.
Ciudadanos de Tulum denunciaron recientemente que en el interior del condominio —compuesto por hasta 38 departamentos— se están colocando muebles, hechos que fueron confirmados por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
Imágenes captadas el 15 de enero muestran que en al menos uno de los departamentos del primer nivel ya se colocaron base de cama, colchón, bañera y espejo, mientras que en los niveles superiores se observan pisos, acabados y persianas anticiclónicas instaladas tanto en ventanas como en puertas, lo que representa una nueva violación a las medidas impuestas por la autoridad.
DMAS recordó que desde octubre de 2025, cuando la Semarnat negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a los proyectos Maiim y Adamar, el primero ya mostraba avances en acabados interiores, pese a la negativa oficial. Incluso, el inmueble fue utilizado como material publicitario por una empresa que instaló lonas anticiclónicas, en cuyos videos promocionales ya se apreciaban muebles en departamentos de niveles superiores.
Desde entonces, el edificio contaba también con luminarias, cortinas y personal de limpieza, evidenciando la intención de ponerlo en operación a pesar de carecer de sustento legal.
La organización ambientalista subrayó que la construcción del condominio se realizó sin MIA, violando la legislación ambiental vigente, y que aun así autoridades municipales otorgaron permisos, lo que derivó en un daño directo al ecosistema costero.
En 2025, un juez federal resolvió revocar dichos permisos municipales y ordenó la restauración del ecosistema afectado, al considerar que el proyecto vulneró el derecho humano a un medio ambiente sano y el principio de prevención ambiental. La sentencia incluyó, además, la demolición del edificio, resolución que hasta ahora no ha sido cumplida, mientras el proyecto continúa avanzando de forma irregular.