CHETUMAL.- El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) declaró improcedente el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense JDC/015/2025, promovido por el abogado Iván Manuel Ayuso Osorio, a quien le fue cancelada su constancia de juez penal electo del Poder Judicial del Estado por incumplir la entrega de sus informes de fiscalización de gastos de campaña.
Con esta resolución, se confirma que un cargo de juez de control y penal tradicional en materia penal que se puso a elección quedó vacante.
El tribunal determinó declarar la improcedencia del citado juicio, en razón de que en la demanda no se plantean argumentos que cuestionen directamente las razones jurídicas del Acuerdo 59 emitido por el Consejo General para la Elección de Personas Juzgadoras del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), mediante el cual cumplió una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y revocó la constancia de mayoría y validez previamente expedida a favor del abogado, que había ganado el cargo de Juez de Control y Penal Tradicional en materia penal.
El magistrado presidente, Sergio Avilés Demeneghi, informó que con esta sentencia el Teqroo resolvió el último asunto vinculado con el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de Quintana Roo.
El Ieqroo canceló la constancia de mayoría y validez de Iván Manuel Ayuso Osorio el pasado 12 de agosto, en aplicación de los efectos del punto resolutivo trigésimo tercero de la resolución INE/CG975/2025 del INE, por lo que declaró vacante el cargo.
El Consejo General del instituto local precisó que la sanción fue porque en su calidad de candidato incurrió en la omisión de presentar el informe único de gastos de campaña, lo que motivó la sanción de la cancelación del registro del cargo por el que participó y fue electo.
Cabe recordar que el juez penal revocado fue candidato de la lista del Poder Ejecutivo, es presidente del Consejo de Litigantes del Estado, catedrático de la Universidad Tecnológica de Cancún y la Humanitas en la misma ciudad, además de dirigir su propio despacho.
Asimismo, fue agente del Instituto Nacional de Migración (INM) en Cancún y dirigió la cárcel de la Estación Migratoria de Quintana Roo de 2009 a 2011.
Tenía como plazo el 31 de mayo para presentar su informe de gastos de campaña, y pese a que el INE le notificó de su omisión y le dio otro plazo, no lo presentó, impidiendo que se realiza la labor de fiscalización, por lo que se consideró que su conducta fue dolosa.
Además, el abogado se hizo acreedor a una amonestación pública por haber omitido informar de los ingresos para su campaña.
Fuente: Cambio22