Signos
Como bien dice y escribe en ‘Milenio’ el célebre, controversial y multimillonario terrateniente, abogado y excandidato presidencial de la oligarquía mexicana, Diego Fernández de Cevallos, alias el Jefe Diego, “Por su propia naturaleza todo debate político es un combate, es el arte del ataque y la defensa a través de análisis, propuestas, proyectos, imputaciones y reclamos”. Y por eso mismo y como en toda contienda, las reglas del combate o de las justas electorales deben ser muy simples y muy claras (todos los golpes están permitidos menos los golpes bajos, como los que afecten la intimidad familiar y a terceros; y de todo lo demás, como mentiras, dolo, acusaciones falsas, injurias y agresiones verbales o de ‘género’, los contendientes, hombres y mujeres, deben defenderse solos, que para eso, se entiende, son aptos, tienen virtudes intelectuales y verbales suficientes, y están preparados para contraatacar en igualdad de condiciones, y por tanto los enfrentamientos deben ser sin más que bajo reglas claras), y el árbitro y los jueces auxiliares no deben ser protagonistas, deben intervenir apenas de manera visible y retirarse y desaparecer reducidos a una mínima expresión después de las contiendas o de las campañas. No más. Justo como ocurre en las democracias liberales más consolidadas, donde los residuos litigiosos, como en Estados Unidos, se resuelven en los tribunales parlamentarios temporales y expeditos, en los jurisdiccionales locales y en la Suprema Corte, cuando es el caso, como ocurre hoy día, en que sigue bajo proceso el de nueva cuenta candidato presidencial republicano, Donald Trump, acusado de delitos que habría cometido en su anterior y fallida postulación a reelegirse como Presidente. La sobrerregulación y la sobresupervisión burocrática y sobrejudicialización de los procesos electorales reduce el valor esencial de las contiendas: el de la libertad de expresión y el del derecho a la defensa y el ataque de los contendientes. Y en democracias tan débiles y tan inciviles como la mexicana, además de que ni siquiera sirven para atajar el fondeo negro y criminal de partidos, candidatos y campañas de promoción y propaganda, que supera tres veces el legal, según estudios especializados, encarecen como en ninguna otra, civilizada o no, y en un país de tantas pobreza y desigualdad social, el costo de los comicios y del sufragio, a menudo inducido y comprado con ese financiamiento de procedencia oscura y delictiva. Tundirse sin más reservas que las de la igualdad de condiciones y sin majaderías y actos ofensivos del fuero penal debía ser la regla fundamental de los debates. Serían más auténticos y más reveladores de la pericia y el perfil de los combatientes a la representación popular, además de mucho más económicos. No como estos que nos asesta la autoridad electoral permanente, protagónica y onerosa. Sin gracia y sin contenido. Para un pueblo menor de edad.
SM