Crímenes públicos y oídos sordos

Signos

Por Salvador Montenegro

Sólo entre la falsa remodelación del Bulevar Bahía, la construcción del vasto mamotreto indefinido nombrado como la ‘Megaescultura’ de la Bahía (porque su autor mismo dice que eso no es lo que él concibió como el Monumento al Mestizaje que debió ser), y la falsa remodelación de la Avenida de los Héroes, los gobernantes estatales implicados en esas ‘obras’ le han estafado al erario, y sólo en Chetumal, la capital del Estado caribe, cuando menos unos 700 millones de pesos (nunca se han hecho cuentas ni denuncias oficiales al respecto), sin contar los costosos mamarrachos de toda suerte de esculturas y pétreos homenajes a personajes, causas y memorias presuntamente identitarias, que más contribuyen a envilecer el paisaje urbano que a elevar el interés y a preservar la conciencia popular en torno a los valores históricos y culturales. (Porque algunas de las referencias inscritas en ellas contienen, además, horrores de todo tipo, entre históricos y gramaticales, propios del analfabetismo de sus autores, como está ocurriendo ahora con la nomenclatura equívoca de calles efímeramente restauradas y en proceso simultáneo de vertiginosa degradación.)

Y lo peor de todo es el pasmo de la opinión pública frente a los tan cotidianos y sucesivos ultrajes multimillonarios, cuya tolerancia y pasividad definen un simbiótico y complaciente modo de ser que sólo puede multiplicar esos legados congénitos de despojo, de latrocinio y de perpetua e ininterrumpida corrupción.

Parece inconcebible que frente a ese paisaje de caudalosos atropellos (y hasta aquí sólo estamos hablando de Chetumal y de tres crímenes urbanísticos) no haya causas punibles documentadas y sólo cursen cuestionamientos mediáticos ocasionales, del mismo modo que pasan desapercibidos los afluentes del financiamiento inútil que mantienen la burocrática existencia, tan multitudinaria como inoperante, de los llamados órganos internos de control (del gasto), las fiscalías anticorrupción, las auditorías superiores (locales y de la Federación), las unidades autónomas de transparencia (de todos los niveles), los mecanismos del llamado Sistema Nacional Anticorrupción, las Legislaturas, y las instituciones electorales, tan costosas como incompetentes frente a los financiamientos ‘negros’ -tres cuartas partes del costo total de los financiamientos implicados- de candidatos, partidos y procesos electorales, de los que emergen y en los que se legitiman los ‘mandatos populares’ como los gestores de los megafraudes chetumaleños.

Pero en realidad no, no es algo tan inconcebible. Parece pero no lo es.

Porque tales mecanismos institucionales (sobre todo los autónomos, que en el formalismo legislativo observarían y sancionarían el comportamiento de los ‘orgánicos’) fueron creados para constitucionalizar los atracos de las mafias políticas contra el Estado, en tanto nunca han servido para consignación penal ninguna de la libertina delincuencia usufructuaria del poder político, y de ellos no puede esperarse nada, tampoco, desde luego, contra el cáncer mayor del endeudamiento público y los criminales que lo provocan al amparo de la plena impunidad que los promueve y a la luz del mundo entero: quiebras heredadas y por demás sabidas y conocidas que se reestructuran y se incrementan sin novedad y con el consentimiento legislativo de turno, desde el argumento consecutivo e invariable de que hay que pagar lo que se debe y no hay recursos para obras ni ejercicios presupuestarios de ninguna especie y blablablá, que el mundo sigue andando y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de la República tampoco ha sabido nada nunca de esas devastaciones fiscales inauditas que, en un orden de legalidad y de derecho serían inconcebibles y de consecuentes sanciones penales ejemplares y ejemplarizantes en Municipos y entidades como en Quintana Roo, la potencia turística de México, donde de ninguna manera se justificaría la ruina extrema de sus tesorerías y la parálisis casi absoluta de sus Gobiernos frente al creciente caos de la violencia, el precarismo y la degradación ambiental y social que se expande de manera incontenible y sin remedio.

SM

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