Signos
De eso hablamos, a menudo: de la incivilidad democrática -derivada de la pobreza educativa- que produce una lamentable cultura del derecho, una consistente debilidad del sistema de Justicia y del Estado de Derecho, y un persistente uso discrecional, opaco y demagogo de la norma constitucional.
Veamos:
El presidente López Obrador dispone y consigue una reforma constitucional para validar la consulta popular directa en torno de determinados temas capitales de su agenda, y las consultas populares no son sino legitimaciones automáticas de sus decisiones particulares al respecto, cifradas en el espontaneísmo de sus mayorías incondicionales.
Y por esa vía de una legitimación democrática rauda y a modo, desvirtúa, para bien o para mal, un mandato constitucional -desvirtuado a mansalva y a placer en el curso de todos los tiempos de su existencia como entelequia vil- cuya condición de justicia general e igualitaria termina supeditándose, en la coyuntura de cada caso, a su particular concepción de la justicia.
Y así, ahora se somete a consulta popular un contrasentido que vale más de propaganda con argumento justiciero, que de acto constitucional en abono de la verdadera justicia que se alega.
El presidente dice oponerse a que puedan ser procesados y encarcelados los expresidentes, pero jura que, con afán de hacer justicia neutra y verdadera, convocar a una consulta popular al respecto es la mejor opción para resolver el litigio entre su voluntad personal y la del pueblo. Y el ‘pueblo’, es decir las mayorías a su favor, suscriben y refieren a los cuatro vientos que sí, claro, que por qué no juzgar a los expresidentes que pudieran ser imputados como presuntos criminales -lo que en realidad supone que en nombre del verdadero fuero interno del mandatario federal han hablado sus partidarios-, pero, en la Suprema Corte, la iniciativa en cuestión se descompone en un galimatías constitucional de los mil diablos, que acaba en una resolución del Pleno de ministros sin consecuencias jurisdiccionales de ninguna especie. Es decir: de nueva cuenta, un pretendido acto de justicia mayor y de dimensiones de Estado se diluye en un panfleto político y en no más que un barullo de opinión pública y en una guerra de arengas militantes pro y antipresidenciales.
Vaya: si el presidente quería o no quería que se pudiera procesar a los expresidentes por sus probables actos delictivos, bien pudo remitirlo todo a la evidencia de esos actos y a las denuncias ministeriales respectivas. La iniciativa de la consulta y de su trámite en la Corte sólo ha revelado que la intención era más mediática y política, que justa y jurisdiccional.
El ‘pueblo’ diría que sí, que aprobaba que los exmandatarios federales pudieran ser procesados como delincuentes. El presidente sometió a la Corte los términos puntuales de del procesamiento penal posible que el ‘pueblo’ aprobaría o no, como que serían sólo cinco exmandatarios -con sus nombres y apellidos- investigados por la Fiscalía General de la República sobre determinados cargos punibles y pagaderos con cárcel. La Corte resolvió que la consulta popular y su resolución tenían vigor constitucional, pero que los términos del procesamiento penal propuesto por la Presidencia lópezobradorista, no; que el ‘pueblo’ sí podía contestar si estaba de acuerdo o no, pero no en torno a los cinco exmandatarios ni a su procesamiento penal, sino a que se investigue el proceder de todos los ‘actores políticos’ del pasado, y se resuelva si son culpables o no de algo -pero todos ellos, los ‘actores políticos’-, a través de todas las instancias, jurisdiccionales o no, y de todos los fueros, giros y órdenes de autoridad. Es decir, nada: basura constitucional y ocioso debate judicial.
Un circo bufo más, cual es el modo de operar en el absurdo sistema de Justicia en México, como parte del igualmente fallido sistema democrático nacional.
SM