Signos
La violencia y la impunidad del narcoterror en casi todo el país están poniendo en claro en estos últimos días, más que nunca antes, que los Gobiernos y las Fiscalías y Policías locales son sus cómplices. Y que una limpia del crimen debe implicar una limpia política con vistas al futuro (sobre todo en los dominios verdemorenistas, donde el abuso y la simulación son más evidentes y han pretendido disfrazarse en la moralización obradorista) que no puede sino venir de lo más alto del poder del Estado: con el estandarte de Harfuch, por ejemplo, ondeando en los establos, cual el Hércules elegido por la Presidenta contra los sicarios y sus jefes directos y sus aliados políticos, policiales, ministeriales y judiciales.
Esos establos estatales apestan: como el taxismo y el transporte público amafiado de Cancún, el combustible robado, la extorsión, la droga, la trata y demás derivaciones de la industria del narcoterror que se resuelven en torturas y masacres y convierten apacibles paraísos en infiernos balaceros, del Caribe al Pacífico y al Golfo y al Bajío y a la Chontalpa y a toda la geografía ingobernable y ensangrentada que hoy exhibe a ‘servidores públicos’ y a representantes populares y a gobernantes de pacotilla dedicados cuando menos a la frívola politiquería pura y de propaganda y cuando más a entregar las riendas de sus responsabilidades constitucionales mayores, como las de la seguridad y la justicia, a jefes policiacos y ministeriales entregados a su vez en cuerpo y alma a sus alianzas y complicidades con unos u otros bandos homicidas.
La nueva estrategia presidencial anticrimen, apenas inaugurada y en curso de integración, está haciendo revelaciones de sociedades narcopoliticopoliciales y judiciales que antes descansaban bajo el percudido tapete de la pasividad presidencial de no balazos y de dejar hacer a los jefes políticos y a los cacicazgos estatales y regionales, sobre todo de su bando partidista y aliado, para no alborotar más de la cuenta el avispero del delito, promotor de más y más cadáveres y más y más acusaciones defensoras de los derechos humanos y de, por tanto, menos estabilidad política enemiga de la sacra popularidad presidencial.
En Quintana Roo y Querétaro, por ejemplo, se está viendo ahora lo que apenas en la gestión presidencial pasada se hacía como que no se quería ver: que la peste criminal fluía frente a la autoridad de todos los Poderes que debía contenerla mientras los responsables de la seguridad se declaraban incompetentes y los de la política andaban en sus festivas temporadas político electorales y de aprovechamiento, faltaría más, de las crisis meteorológicas, tan rejuvenecedoras de imagen, en los ámbitos donde esas crisis pueden aprovecharse.
Y, cuidado, que esa vuelta de tuerca del claudismo y el harfuchismo puede cambiar mapas y semblantes en las agendas sucesorias del porvenir.
Visibles candidatos presuntos a los supremos Poderes locales podrían cambiar de etiqueta y convertirse en potenciales sospechosos y perseguidos por la ley, y otros tantos Fiscales y jefes policiales pasar de probables cómplices encubiertos del hampa (como son todos los de su encargo en el país donde gracias a ellos gobierna el crimen, porque si no han de poder con él nadie los obliga a meterse, y si se meten y todo sigue como antes o peor es porque son factores de que así ocurra) a ser de manera formal y procesal lo que en realidad son: delincuentes acaso peores que los más peligrosos sicarios de su entorno.
SM