CHETUMAL.- Al tiempo de que un abogado denunció los intentos de juzgados penales de liberar a dos sujetos que entraron a robar a una casa habitación, una víctima de violencia familiar y extorsión, delitos considerados graves, denunció que dos juezas y un juez del Poder Judicial de Quintana Roo liberaron al presunto agresor violando los principios básicos del proceso penal y excediéndose en sus facultades.
Los señalamientos apuntan a las juezas de control Ana Graciela Vidal Pérez y Ana Elizabeth Duk Hoy y al juez de tribunal oral Eddie Israel Canul Rodríguez, adscritos al Juzgado Penal Oral de Chetumal, quienes ordenaron la libertad del imputado Roger Armando “N” sin audiencia previa ni notificación a las partes, adelantando los efectos de un amparo que aún no tenía resolución firme. Peor aún, la liberación fue firmada por la jueza Duk Hoy cuando no conocía el caso ni tenía competencia para intervenir, lo que representa una falta grave conforme al artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
El imputado Róger Armando “N” había permanecido prófugo de la justicia en Estados Unidos, hasta que fue capturado en Texas y traído a Chetumal el pasado 14 de septiembre, para ser recluido en el Cereso.
Sin embargo, en una audiencia celebrada el pasado 26 de septiembre, el juez de tribunal oral Eddie Israel Canul Rodríguez modificó la medida cautelar de prisión preventiva al acusado a pesar de la carpeta vigente por extorsión y sin que el amparo hubiera causado ejecutoria, otorgándole la libertad.
La víctima, que decidió hacer pública la irregular acción de los juzgados de Chetumal, afirmó que el delito de extorsión amerita prisión preventiva oficiosa conforme a la legislación penal, pero el juez omitió valorar esta circunstancia, basando su resolución en una interpretación errónea del alcance del amparo promovido.
El caso, que involucra a un prófugo capturado en Estados Unidos tras un costoso operativo internacional, pone en evidencia la impunidad y el desorden judicial que impera en Quintana Roo. “El Estado gastó recursos para traerlo y las juezas lo dejaron libre sin justificación”, lamentó la víctima, quien acusa revictimización e incompetencia institucional del Poder Judicial local, pues ahora el sujeto que se encuentra nuevamente ilocalizable.
Róger Armando “N” está imputado de los delitos de violencia familiar, violación a la intimidad personal, extorsión e incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en un proceso penal que data de junio del 2016 y que en agosto del 2021 lo dejó vinculado a proceso.
Sin embargo, desde noviembre del 2023 se sustrajo de la acción penal y se fugó a Texas, Estados Unidos, donde fue capturado en septiembre por orden de aprehensión.
Sin embargo, por las determinaciones del juez Eddie Israel Canul Rodríguez y las juezas Ana Graciela Vidal Pérez y Elizabeth Duk Hoy, fue liberado el pasado 3 de octubre, cuando se dio cumplimiento a la modificación de medida cautelar, que fue dictada sin que el amparo que tiene haya causado ejecutoria.
De acuerdo con abogados penalistas, estos actos podrían derivar en sanciones de suspensión o destitución por violar los principios de legalidad, honradez y actuación imparcial, por lo que podría convertirse en el primer caso tomado por el Tribunal de Disciplina Judicial para revisar la conducta de los nuevos jueces y juezas.
Mientras tanto, el acusado goza de libertad, la víctima de injusticia y el sistema judicial de Quintana Roo de un descrédito creciente, donde los errores procesales —intencionados o no—, están dejando libre a quienes deberían enfrentar la ley, como denunció en días pasados el abogado de una víctima de robo a casa habitación también en Chetumal.
No solo los señalamientos de corrupción han aumentado, sino que también varios abogados coinciden en que la falta de preparación y experiencia de los nuevos jueces está generando un patrón de libertades indebidas y procesos truncos, donde los vacíos legales y las malas interpretaciones procesales son aprovechados por las defensas para obtener amparos exprés o resoluciones anticipadas, dejando expuestas los efectos nocivos de la reforma judicial, que privilegió la elección de juezas y jueces privilegiados por el poder político en lugar de mantener el sistema de ascenso por exámenes de oposición.
Fuente: Cambio22