CANCÚN.- El presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Quintana Roo (Adiqroo), Miguel Ángel Lemus Mateos, rechazó la propuesta del gobierno estatal para crear un nuevo impuesto destinado a que los propietarios financien directamente el mantenimiento y mejoramiento de la Zona Hotelera de Cancún, mediante la figura de Contribuciones de Mejoras de Zonas Prioritarias de Gestión Turística Sustentable.
Lemus Mateos advirtió que un gravamen adicional podría frenar inversiones y generar un impacto económico innecesario, por lo que llamó al gobierno a enfocarse primero en cobrar adecuadamente los impuestos y derechos ya existentes. En ese sentido, afirmó que hay mecanismos suficientes para obtener los recursos que requiere la Zona Hotelera sin necesidad de crear nuevas cargas fiscales.
Como alternativa, el empresario propuso que el Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) venda los activos que aún conserva en Quintana Roo y dirija esos recursos al mantenimiento de la zona turística. Señaló que terrenos como los del cancelado proyecto Malecón Tajamar podrían generar “miles de millones de pesos”, suficientes para financiar varios años de obras no sólo en la Zona Hotelera sino también en el municipio de Benito Juárez.
El presidente de Adiqroo insistió en que el verdadero problema no es la falta de impuestos, sino su mala recaudación. Puso como ejemplo el Derecho a Visitantes Extranjeros (Visitax), cuya captación actual es mínima, pese al potencial recaudatorio que —según dijo— podría aportar recursos suficientes para las necesidades de infraestructura de Cancún si realmente se cobrara de manera efectiva.
También mencionó el Impuesto Predial, al que consideró necesario revisar para que se aplique correctamente a todo el universo de contribuyentes.
Lemus Mateos recordó además que Fonatur transfirió la responsabilidad de operación y mantenimiento de la Zona Hotelera al estado, dejando 150 millones de pesos como presupuesto final, una cifra inferior a los 200 millones de pesos anuales que anteriormente destinaba y que resulta insuficiente frente al deterioro acumulado.
Subrayó que las inversiones urgentes no se limitan al mantenimiento superficial. Citó el caso de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales, que requieren una rehabilitación integral y nuevo equipamiento con un costo aproximado de 40 millones de dólares, obras que —según dijo— debieron ser realizadas por la empresa Aguakan, actualmente en litigio por la cancelación de su concesión.