BACALAR.- El ejido Bacalar presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un presunto fraude relacionado con la comercialización ilegal de terrenos de uso común que, de acuerdo con las autoridades ejidales, eran ofrecidos como lotes para vivienda sin contar con autorización legal.
El comisario ejidal, Refugio Carlos Gómez, informó que la denuncia penal fue interpuesta contra una persona que anteriormente estuvo vinculada al Movimiento Antorchista en Quintana Roo.
Según las investigaciones del ejido, el señalado habría utilizado de manera indebida papelería, sellos y representaciones oficiales de esa organización para promover la venta de tierras comunales.
Las parcelas involucradas abarcan aproximadamente tres hectáreas ubicadas en las inmediaciones de Bacalar, las cuales presuntamente fueron subdivididas de forma irregular para comercializarlas como predios habitacionales.
Refugio Carlos Gómez precisó que los actuales integrantes del Movimiento Antorchista se deslindaron del acusado y confirmaron que fue expulsado por utilizar documentación de la organización sin autorización.
De acuerdo con las autoridades ejidales, alrededor de 130 familias adquirieron estos terrenos bajo la promesa de que posteriormente recibirían títulos de propiedad.
El comisariado advirtió que se aprovechó la necesidad de vivienda de numerosas personas para vender tierras comunales que, por su naturaleza jurídica, no pueden ser fraccionadas ni comercializadas.
“Son terrenos de uso común y están destinados exclusivamente para la agricultura. Que se haya permitido su uso en administraciones pasadas para sembrar maíz o frijol no significa que la persona sea dueña ni que tenga la facultad de venderlos”, afirmó.
La superficie en disputa se encuentra a más de dos kilómetros de la cabecera municipal de Bacalar y no cuenta con cambio de uso de suelo.
Además, el ejido señaló que el área carece de factibilidad técnica para dotarla de servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica, por lo que actualmente no reúne las condiciones para un desarrollo urbano.
La Fiscalía General del Estado ya inició las primeras diligencias del caso y envió personal ministerial al sitio para recabar pruebas y testimonios.
Finalmente, el ejido Bacalar informó que colaborará con el Ministerio Público durante las investigaciones y exhortó a la ciudadanía a verificar la situación jurídica de cualquier terreno ante el Registro Agrario Nacional antes de realizar una compra.