
Signos
Que es culpa de la guerra de Calderón contra el narco, dice, repitiendo la demagogia circular y estéril de su predecesor, Andrés Manuel.
¿Pero es que sigue sin entender que la llamada ‘guerra de Calderón contra el ‘narco” derivó del caos incontrolable producido por las violentas divisiones entre los cárteles, a su vez derivadas de las divisiones de los grupos políticos y las autoridades de Seguridad de cada uno de ellos en todo el país tras la fragmentación política y la pluralidad emergente propiciada por la alternancia panista de Fox en la Presidencia de la República, y cuando el control del ‘narco’ en la misma Procuraduría federal se escindió entre las facciones confrontadas del Chapo y los Beltrán Leyva en el Cártel del Pacífico y los segundos quisieron matar a Santiago Vasconcelos, jefe de la entonces SIEDO (Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), por traicionarlos y aliarse con el Chapo en contra de ellos, que lo habían financiado; una incontenible atomización de las Policías y Ministerios Públicos, paralela a la de los grupos criminales fragmentados y confrontados como nunca antes en todos los territorios del México ensangrentado por completo que ahora es?
El discurso presidencial obradorista de la fallida guerra de Calderón contra el ‘narco’ es un discurso fallido, asimismo, para justificar la impotencia de erradicar la corrupción y la injustificable y continuada descomposición irreparable del Estado de derecho en la totalidad sin excepciones del territorio nacional.
Insistir en que las demandas y las pruebas y las evidencias contra los criminales son el factor esencial de la Justicia como única arma del Estado contra el crimen, es un argumento espurio, por no decir estúpido.
Acusar a un criminal es asumir un riesgo mortal. Y si alguna evidencia y sobrada certeza tienen los agraviados por la inseguridad, es que las ‘averiguaciones previas’ y las ‘carpetas de investigación’ no pasan de llenarse de polvo en los archivos y de acumularse en los basureros de las Fiscalías y los Tribunales estatales donde sólo se cuidan los intereses de los gobernantes y sus grupos delictivos asociados con el crimen organizado, y que no hay cloacas más inmundas y ejemplos más representativos que ellas, de lo que la Presidenta define como el Estado de derecho con que debe reemplazarse la alternativa de la ‘guerra de Calderón’.
SM