Signos
Si una propiedad pública del más alto valor (como el inmueble de la Zona Hotelera o zona de playas, de Cancún, que era del antiguo Crea, el llamado Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, antes Injuve, fundado en los setenta) se convierte de pronto en propiedad privada sin que se den a conocer los procedimientos legales de la conversión patrimonial, entonces puede tratarse de una operación ilícita o de una omisión informativa dolosa o de un robo más a la nación realizado con una planificada discrecionalidad y un bien pagado secretismo contra la opinión pública y una complicidad de diversa implicación estatal y privada que advertiría de una red delictiva de Gobiernos locales y responsabilidades políticas y jurisdiccionales de todos los órdenes republicanos, que estarían configurando un espectro de crimen organizado con poder de sobra para apropiarse de cuanta propiedad y fuente ajena de recursos le resulte rentable a sus empresas con sólo hacer lo que parece que se ha hecho con el predio cancunense del antiguo Crea: retorcer el orden legislativo, constitucional, y poner en consecuencia manos a la obra a todas las autoridades con responsabilidad sobre el negocio para legalizarlo y ‘blanquear’ el crimen; es decir: activar con pertinencia la maquinaria exitosa del impune ‘cártel del despojo’; si no la afamada y próspera corporación de los verdes en el poder morenista de la regeneración moral que domina el Estado caribe, sí una versión subsidiaria o similar o asociada pero, sin duda, integrante del crimen organizado público, oficial, como los que gobiernan y se imponen en todas las entidades del país y son tan depredadores como el de las violentas bandas del narcoterror y la extorsión, cuya industria sanguinaria del miedo y la barbarie homicida, hoy más visible que nunca de lo que es México (país del horror, la injusticia, la corrupción institucional y la indiferencia), no podría existir sin el amparo de los cárteles del poder político, que imponen Fiscales y autoridades judiciales con la aprobación de sus servidumbres legislativas. De modo que si la realidad de los procedimientos políticos y judiciales de la apropiación privada o el robo vil del costoso predio costero que perteneció al extinto Crea no es revelada en sus pormenores y conocida con amplitud y objetividad en la opinión pública, sólo se confirmará el régimen criminal que domina en Quintana Roo.
SM