CHETUMAL.- La Comisión Instructora de la XVIII Legislatura de Quintana Roo determinó como improcedente el juicio político contra Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, al considerar que el caso se encuentra prescrito.
El procedimiento fue promovido hace casi nueve años por la ciudadana Fabiola Cortés, en representación de la asociación civil “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”.
El diputado Jorge Cabrera Tinajero, secretario de la Comisión Instructora, explicó que en su primera sesión —realizada a puerta cerrada debido al manejo de información confidencial— se concluyó que no procede el juicio político debido a que los plazos legales ya vencieron.
“Lo que se aprobó es lo que marca la ley. El artículo 112 de la Ley de Responsabilidades establecía que el juicio político debía realizarse contra funcionarios en funciones o hasta un año después de haber dejado el cargo. En este caso, existe una prescripción”, indicó.
Precisó que la Comisión actuó en cumplimiento de un requerimiento del Poder Judicial, pero con base en la legislación vigente determinó cerrar el caso.
El legislador subrayó que el juicio político debió resolverse en las XIV y XV Legislaturas, ya que han transcurrido nueve años desde la conclusión de la administración de Borge Angulo, lo que impide su procedencia en la actual legislatura.
“Nosotros tuvimos que sesionar con la información disponible y conforme a la ley actual. Al haber pasado el tiempo establecido, se determinó concluir el asunto”, añadió.
Esta no es la primera vez que se intenta llevar a juicio político al exfuncionario. En 2016 se integró una Comisión Instructora encabezada por el entonces diputado Emiliano Ramos, la cual analizó las presuntas irregularidades, pero el caso nunca llegó al pleno.
Guillermo Molina fue señalado por presuntas faltas graves contra la hacienda pública, entre ellas el supuesto desvío de mil 55 millones de pesos provenientes de Aguakan, así como la venta irregular de terrenos.
Además, enfrenta otros expedientes penales por presunto desempeño irregular de la función pública y peculado, relacionados con un posible desvío superior a los 2 mil millones de pesos, por los que, según versiones, aún existirían órdenes de aprehensión vigentes.
Antecedente legislativo
El caso también se enmarca en un precedente reciente dentro del Congreso local. Durante la XVII Legislatura, se desechó la posibilidad de iniciar juicios políticos contra la exalcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, bajo el mismo argumento de prescripción.
En ese entonces, dictámenes aprobados por la Comisión de Justicia en la XVI Legislatura nunca fueron turnados al pleno, lo que retrasó el proceso hasta que vencieron los plazos legales.
Posteriormente, la XVII Legislatura determinó que ya no era posible proceder, consolidando un criterio que ahora se replica en el caso de Juan Pablo Guillermo Molina.