Signos
Un delincuente comete una brutalidad en contra de alguien. El delito se cometió, en efecto, y queda probado sin lugar a dudas. Pero una autoridad policial o penal arcaica y de un Estado incivil y demagogo -donde la democracia y la Justicia son tan iletradas como la calidad educativa de las grandes mayorías enemigas de votar en elecciones judiciales como las de ahora, convocadas por el poder político dominante- tortura al delincuente y se prueba, asimismo, que se han violado los derechos humanos del criminal. El delincuente ha cometido un crimen y la autoridad ha cometido otro en su contra. Y en el Estado de derecho donde se cometen ambos delitos rige el llamado -y muy civilizado y moderno- “Debido proceso”, según el cual si se abusa de los derechos del inculpado como victimario se le debe compensar con la absolución inmediata de cualquier cargo por el que se le pretenda castigar. Se le exonera como si fuera inocente y no hubiese cometido delito alguno. Lo de menos es que el delito exista y sea doloso y probado; que la víctima exista, muera o padezca de por vida el dolo en contra suya. El “Debido proceso” defiende a la víctima del Estado y no a la victima del criminal. La víctima del criminal padece, entonces, un doble crimen: el de su victimario y el del Estado que, violando los derechos humanos del victimario, lo castiga haciéndole justicia al victimario a costa suya.
En una y otra instancia jurisdiccional quedó probado, por ejemplo, en su momento, que la francesa Florence Cassez cometió diversos crímenes de secuestro y de tortura, tanto como que la autoridad policial y penal violaron sus derechos durante su aprehensión y su consignación ministerial (la Policía pervirtió la escena de la captura con un espectáculo televisivo y la consignó ante el Ministerio Público sin la asistencia consular que corresponde en el caso de un extranjero) por lo que en la última instancia, la de la Suprema Corte o del Tribunal Constitucional, debió ser liberada de todo cargo gracias al “Debido proceso”.
¿Es justo? ¿No puede haber la alternativa de que se castigue a los representantes de la autoridad del Estado por sus delitos y a los culpables probados de los delitos por los que se les detiene de manera ilícita por los suyos?
Hoy día es más que claro y oficialmente seguro que algunos de los acusados y encarcelados por los presuntos secuestro y asesinato del hijo de la ahora finada Isabel Miranda de Wallace (también se duda de que madre e hijo estén muertos; hay testimonios en un sentido y en otro) fueron torturados y privados también de su libertad, en más de un caso sin sentencia siquiera, durante un periodo tan largo y tan insensato y tan propio de un Estado arbitrario y sin ley como el mexicano -ejemplo superior de impunidad y de injusticia, y por tanto de violencia y de ingobernabilidad en el mundo entero-, y sus confesiones, por tanto, y las posibles evidencias incriminatorias disponibles en su contra, tendrían que ser desestimadas y todos, entonces, liberados. Y así, tras casi dos décadas del caso, no hay culpables (ciertos) del presunto suceso criminal y, hasta el suceso mismo, queda en duda.
Pero, más allá de todo, si los acusados fueran culpables, en efecto, ya está probado que fueron torturados, que fue violentado su “Debido proceso” y que, por tanto, deben ser liberados. Han cumplido tanto tiempo tras las rejas y han sido de tal modo castigados y agraviados sus derechos humanos, que si no son culpables de lo que se les ha acusado -y en algunos casos ni siquiera sentenciado- la Justicia se ha exhibido como lo que es: una burla en un Estado de derecho igualmente envilecido.
Pero más allá de ellos no hay otros culpables. No hay certeza de nada aquí más que de la inservible Justicia. Y de que el llamado “Debido proceso” es otra cosa igual: protege a los criminales contra la injusticia del Estado, pero no hay alternativa ninguna contra el doble crimen padecido por las víctimas inocentes: el de los criminales dolosos que los agravian y el del Estado que los agrede en segunda instancia transgrediendo los derechos humanos de sus agresores.
¿Se atentó contra los Wallace?, pues también se atentó contra sus victimarios, o sus verdaderos victimarios siguen libres como el viento. ¿Fue un cuento chino de los Wallace y armaron el espectáculo siniestro a costa de un grupo de inocentes? ¿Con qué propósito?
Y todo cuando la autoridad judicial se renueva en el país con el sufragio de uno de cada nueve electores llevados a las urnas por su identidad política con la autoridad gobernante en el Poder federal y en las Entidades Federativas.
¿Es correcto que los sicarios homicidas confesos que quemaron a los normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula confundidos con sicarios enemigos sean tratados como inocentes porque sus interrogadores policiales y ministeriales los trataron sin delicadeza, y que esos interrogadores -como el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y su Director de Investigación Criminal, Tomás Zerón- estén acusados ahora como más culpables de la masacre que los asesinos ‘torturados’ por ellos en los interrogatorios gracias a los beneficios justicieros del “Debido proceso”?
SM