El minotauro
Por Nicolás Durán de la Sierra
Con vis poética y en paráfrasis de Pablo Neruda, bien se puede decir que, en el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, todo ha sido naufragio.
Desde el mismo día de su publicación a finales de 2022, por la edil interina Lourdes Cardona, y hasta ahora, ha tenido que encarar un cúmulo de amparos de toda suerte que, no obstante, coinciden en que es abusivo y dañino para la ciudad.
Aunque el amparo más notorio es el que trata de evitar que el Club de Golf Pok Ta Pok se convierta en un gran desarrollo habitacional y turístico que llevaría a la Zona Hotelera al colapso, con el lógico impacto a la ecología; si bien este amparo es el más conocido, hay otros más en contra el PDU, que incluyen afectaciones al medio ambiente y ordenan la intervención legislativa.
No sobra decir que detrás de este plan de ordenamiento municipal hay grandes intereses económicos, como en el caso Pok Ta Pok, en el que aparecen Emilio Gamboa Patrón y Ricardo Vega Serrador, quienes compraron al encarcelado por fraude Michael Kelly el área deportiva bajo el cobijo, por decirlo así, de John McCarthy, quien fuera director del Fonatur con Vicente Fox Quesada.
Mario Puzo pudiera escribir una novela de mafiosos con este tema, incluida también su raíz política, la actual y la de ayer, pues la sombra de Jorge Emilio González, el “Niño Verde”, se proyecta a lo largo de la trama. Si se llegara a construir un conjunto habitacional y un centro comercial en el Pok Ta Pok, de muy poco servirá el que se tienda un puente vehicular sobre la laguna Nichupté.
Otro de los amparos, se dijo, originó que el Juzgado V de Distrito dictara que todos los municipios del Estado desde ahora deberán incluir –ojo, de manera pública- sus respectivos “atlas de riesgo” y sus programas de movilidad urbana, y ordenó que el congreso estatal modifique las leyes que corresponden; más vale tarde que nunca, dirán algunos.
El PDU de Cancún nace de la codicia y el desdén hacia la opinión ciudadana, y su ruta legal para la anulación aún es larga, y entre recursos y apelaciones -juego de costosos litigios con dinero público- puede pasar hasta un año. Para el 2024 ya se habrá extinto esta comuna, con lo que la que le siga tendrá que cargar con las pifias de la actual administración.