La cosa pública

Por José Hugo Trejo Figueroa

El gobierno municipal Playa del Carmen que encabeza Estefanía Mercado Asencio lleva dos ejercicios presupuestarios con compromisos millonarios en personal, servicios y arrendamientos, mientras la inversión pública enfrenta restricciones. A menos de dos meses de cerrar 2026, se ha gastado más de 9 mil millones de pesos de los playenses y ha desequilibrado de manera grave las finanzas municipales.

Ningún municipio puede prescindir de policías, trabajadores, alumbrado público, recolección de basura o mantenimiento urbano. Pero cuando el gasto de operación es tan exorbitante que limita la capacidad de inversión en infraestructura pública, se da pie a la sospecha de que algo turbio está ocurriendo en el gasto de los recursos públicos.

Lo malo para el ciudadano que padece los efectos de una mala administración de sus recursos, es que no haya autoridad fiscalizadora confiable que ponga freno a tanto abuso y desequilibrio en el gasto de los recursos públicos.

Lo que queda y lo que se consume

Una avenida pavimentada, una red de drenaje o una instalación municipal pueden construirse con sobreprecios, materiales deficientes o contratos que oculten comisiones ilegales. La obra pública tampoco está exenta de corrupción.

Pero deja una huella física. Una calle puede medirse. El espesor de su pavimento puede comprobarse. Los materiales pueden someterse a pruebas y los volúmenes ejecutados pueden confrontarse con las estimaciones pagadas.

Con muchos servicios, la comprobación exige otra clase de evidencia. ¿Se utilizaron todos los vehículos por los que se cobró? ¿Se realizaron los mantenimientos facturados? ¿Se difundieron las campañas publicitarias en las condiciones contratadas?

Responder puede requerir bitácoras, registros de geolocalización, comprobantes, inspecciones y testimonios. Algunos servicios dejan resultados físicos; otros se acreditan principalmente mediante registros de una actividad ya concluida. Sin controles oportunos, reconstruirla puede ser especialmente difícil.

Por eso interesa examinar si la contratación de servicios está debidamente supervisada o deja espacios para simular prestaciones, inflar precios y favorecer proveedores. Los casos de los contratos de arrendamiento de patrullas y de otros vehículos, blindados y no, dejan mucho que desear por los montos alcanzados de más de 1,100 millones de pesos en lo que lleva de gestión Estefanía Mercado en Playa del Carmen; en la recolección de la basura, los contratos recurrentes han superado los 500 millones de pesos en estos últimos dos años, sin que nadie se altere dentro de los órganos de fiscalización municipales o estatales.

Los contratos que se prolongan

Cuando existe corrupción, una modalidad consiste en inflar el precio de una contratación y devolver clandestinamente parte del dinero a quienes facilitaron la operación. Ese mecanismo puede presentarse tanto en obras como en servicios.

La recurrencia introduce un incentivo adicional: un contrato puede generar pagos durante años. Si contiene sobreprecios o prestaciones simuladas, el perjuicio también se prolonga.

El arrendamiento puede ser una opción razonable cuando incluye mantenimiento, seguros y reposición de equipos. Su conveniencia debe demostrarse con una comparación del costo total y de los riesgos, no suponerse por el solo hecho de que exista un contrato.

También hay razones legítimas para que crezca el gasto operativo: salarios, expansión de la ciudad, obligaciones laborales, inflación y necesidades extraordinarias. La crítica presupuestaria debe contrastar esas explicaciones con las cifras y los resultados. Un porcentaje elevado, por sí solo, no demuestra corrupción.

2025 y la reducción de la inversión pública

Según la información interna utilizada en nuestros reportes anteriores, durante 2025 el Ayuntamiento de Playa del Carmen ejerció aproximadamente 4 mil 644 millones de pesos.

Los servicios generales absorbieron mil 917.9 millones, frente a los 913 millones originalmente presupuestados: un incremento cercano al 110 por ciento. Los servicios personales, que comprenden remuneraciones y prestaciones, sumaron mil 425.5 millones.

Ambos capítulos concentraron 3 mil 343.4 millones de pesos, aproximadamente 72 por ciento del gasto municipal.

En inversión pública, en cambio, los registros analizados reportan 330.3 millones de pesos, frente a los 900 millones inicialmente previstos: una reducción del 63.3 por ciento. Por cada peso registrado en ese capítulo se ejercieron aproximadamente 5.81 pesos en servicios generales.

Lo que muestran los datos es un cambio sustancial en la distribución del gasto. La cuestión es qué lo justificó y qué resultados produjo.

Los compromisos de 2026

La relación interna de Tesorería que examinamos para 2026, anterior al relevo de Javier Regalado Hendricks, distribuye un presupuesto anual de aproximadamente 4 mil 528 millones de pesos. Identifica 300 millones para obra pública.

Simultáneamente registra 420 millones para arrendamiento de patrullas, 122 millones para vehículos varios, 100 millones por arrendamientos de vehículos de 2025 y 24 millones para unidades blindadas.

Esos renglones suman 666 millones de pesos. No necesariamente representan cuatro contratos independientes ni pagos consumados en 2026; uno de ellos corresponde, según la explicación del tesorero, a una obligación del ejercicio anterior.

La misma relación contempla 133 millones para medios de comunicación, 150 millones para eventos especiales y 200 millones bajo la denominación de sistemas y especiales: 483 millones en conjunto, frente a los 300 millones inicialmente identificados para obra pública.

Esas denominaciones requieren desglose. No permiten clasificar automáticamente todo el monto como servicios generales ni afirmar que la publicidad constituyó promoción personal. Para eso deben revisarse contratos, contenidos y destinatarios.

La continuidad que puede observarse es la presencia de compromisos elevados en servicios y arrendamientos frente a una asignación inicial menor para infraestructura. Comparar ambos años exige recordar que 2025 corresponde al ejercicio reportado y 2026 a una relación presupuestaria interna, no a un cierre anual equivalente.

La versión del tesorero

En entrevista telefónica realizada por este medio, Guillermo Brahms González reconoció que encontró desequilibrios financieros al asumir la Tesorería Municipal y afirmó que se habían iniciado procedimientos ante el Órgano Interno de Control.

Sostuvo que no sería cómplice ni asumiría responsabilidades ajenas. Esas declaraciones expresan su posición; no constituyen una resolución de responsabilidades contra funcionarios anteriores.

Sobre los 100 millones identificados como arrendamientos de vehículos de 2025, explicó que correspondían a un adeudo del ejercicio anterior y aseguró que ya se había cubierto. La comprobación de ese pago requiere sus registros y soportes.

Respecto de los 420 millones para patrullas en 2026, señaló que forman parte de un contrato de tres años por aproximadamente mil 200 millones de pesos, celebrado al inicio de la administración.

La explicación permite dimensionar cómo una contratación inicial compromete presupuestos posteriores. Deben conocerse el calendario de pagos, las unidades entregadas, los servicios incluidos y el costo frente a la adquisición de los vehículos.

¿Mejoró la disponibilidad de patrullas? ¿Cuántas estuvieron operando? ¿Qué resultados comprobables recibió la población? Evaluar el contrato exige medir su prestación y su contribución a la seguridad, sin atribuirle por sí solo todos los cambios en la incidencia delictiva.

Brahms González también anunció que buscaba fortalecer la recaudación para elevar la inversión en obra pública a entre 500 y 600 millones de pesos al cierre de 2026. Esa meta debe contrastarse con el presupuesto modificado, las obras ejecutadas y el gasto efectivamente realizado.

Lo que recibe la ciudad

Para auditar la recolección de basura se necesitan, entre otros registros, toneladas transportadas, rutas y costos por unidad de servicio. Para alumbrado, inventarios, reparaciones y tiempos de respuesta. Para publicidad, productos, tarifas y evidencia de difusión. Para maquinaria, unidades, horas de trabajo y resultados.

Una factura acredita una operación documental; por sí sola no demuestra que se recibió todo lo contratado ni que su precio fue razonable.

La nómina también debe examinarse con criterios propios: plazas, funciones, asistencia y necesidades del servicio. No todo el gasto de seguridad pertenece a servicios generales, ni todos los gastos operativos son intangibles. Confundir categorías debilitaría la investigación.

Los contratos recurrentes pueden producir dependencia de proveedores y reducir el margen para invertir. Si además aparecen adjudicaciones injustificadas, concentración sin competencia o prestaciones no comprobadas, corresponde investigar posibles conflictos de interés y desvíos.

La pregunta al ciudadano

Las cifras de 2025 y el presupuesto de 2026 suman aproximadamente 9 mil 172 millones de pesos. Es la combinación del gasto reportado de un ejercicio y el presupuesto anual del siguiente, no dos cierres de gasto comprobado.

Con esa magnitud de recursos, vale preguntar al ciudadano de Playa del Carmen: ¿conoces una obra pública de esta administración que haya mejorado tu vida, la de tu familia o la de tus vecinos? ¿Cuál es, dónde está y cómo te ha beneficiado?

Las respuestas no sustituyen una auditoría ni permiten afirmar que no existe obra pública. Sí ayudan a identificar resultados y contrastarlos con las prioridades presupuestarias.

El Ayuntamiento debe explicar por qué crecieron los servicios generales en 2025, qué compromisos permanecieron durante 2026 y cuáles afectarán el presupuesto de 2027. Debe transparentar proveedores, adjudicaciones, pagos y resultados, así como documentar si se concretó la ampliación de obra anunciada por el tesorero.

El costo de una contratación innecesaria no termina en su factura. Incluye las obras y servicios útiles que esos recursos pudieron financiar.

¿Qué hay detrás de este modelo de gasto? La respuesta exige seguir las decisiones, los contratos y el dinero. La pregunta para el gobierno es concreta: ¿quién ganó con ese gasto y qué recibió Playa del Carmen a cambio?