Signos
Por Salvador Montenegro
Hasta ahora es que el Poder Judicial Federal es ‘autónomo’. Y no, ni siquiera para bien del país. Es autónomo en el sentido de que ahora puede priorizar sus particulares intereses.
(Apenas en la gestión presidencial pasada, Enrique Peña impuso como Ministro de la Corte a un delincuente consumado, Eduardo Medina Mora, quien como Procurador General de la República del antecesor de Peña, Felipe Calderón, se inventó una ‘fallida’ “Operación limpieza” que puso tras las rejas a funcionarios calderonistas cómplices del ‘narco’ señalados por la DEA pero que el Gobierno peñista debió liberar por lo tan bien mal integrado que fue el expediente de las consignaciones ministeriales para el efecto y por lo que, en un primer gran premio, el Procurador fue convertido en diplomático y Embajador de México nada menos que en Londres y luego en Washington, antes de ser elevado a las miserias éticas y constitucionales de la muy soberana Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya enriquecido por los dividendos de no querer tocar las cuentas bancarias y las empresas lavadoras de dinero de algunas familias importantes del crimen organizado.)
Ha sido, en la historia, el Poder Judicial, la marioneta más discrecional y oprobiosa de la perversión constitucionalista al servicio del supremo poder fáctico del Estado. Ha sido el gran mecanismo republicano más antirrepublicano y enemigo de la justicia, la democracia y la cultura jurídica.
En la era del totalitarismo priista, el del presidente de ese Poder era sólo un nombramiento más del Jefe del Ejecutivo y del Estado. En la era de la democracia, y del mismo modo que el aparato electoral, el Estado oligárquico, erigido con gran sabiduría por el salinismo de mercado, convirtió esos sistemas en fortalezas protectoras del interés privatizador y neoliberal, mediante reformas contraconstitucionales invulnerables y otorgando a sus privilegiados grupos dirigentes un poderío económico y un estatus intocable de privilegios con el que ni siquiera soñarían los de las mayores potencias democráticas del mundo entero (donde, además, las maquinarias electorales ni son permanentes ni consumen los incontinentes e irracionales presupuestos de las mexicanas).
La autonomía republicana supuso la construcción de fuerzas institucionales, investiduras y burocracias aristocráticas y beneficiarias de vastos volúmenes del gasto público, que sólo han servido para garantizar la simulación y la demagogia del nuevo mundo de la equidad jurídica y representativa.
En los hechos, el reformismo salinista de la Justicia y los comicios sólo ha significado dispendio, impunidad, desigualdad y mayor injusticia e inseguridad.
El ‘dinero negro’ y los financiamientos ilegales siguen siendo determinantes en la mayoría de los procesos de elección, y el sistema penal no sirve para procesar delincuentes, por ejemplo, ni para impedir la reincidencia criminal, porque está tipificado como uno de los peor legislados y más ineficientes, con una aberrante y ominosa impunidad cercana al cien por ciento.
La demagogia reformista del Sistema de Justicia, como del electoral, además de los ruinosos financiamientos presupuestarios que incluyen el enriquecimiento de las cúpulas judiciales, electorales y partidistas, ha supuesto, asimismo, la más condenable y antirrepublicana y antinatural acumulación de poder político y de protagonismo mediático, en ámbitos institucionales donde el espíritu constitucional impone el más elevado y riguroso compromiso con la neutralidad relativa y el arbitrio más competente y reservado de las causas a su merced.
Y en un territorio nacional de superior analfabetismo cívico y jurídico, donde el constitucionalismo es una zona discrecional en que suele imponerse el interés político y privado en contra del público y de la defensa genuina de los derechos esenciales más indefensos y vulnerables, el uso de los privilegios políticos, económicos y facciosos de las cúpulas electorales y judiciales, usados como arietes de la defensa de la autonomía republicana, constituye el mayor de los peligros y de los impedimentos del verdadero ejercicio republicano e igualitario de la Justicia.
SM