PLAYA DEL CARMEN.- Empresarios de la Riviera Maya buscan integrar un frente con organizaciones de Quintana Roo y del resto del país para solicitar al Congreso de la Unión que reconsidere el incremento de 35.8 por ciento al Derecho de No Residente (DNR) planteado por el Gobierno federal para 2027.
La propuesta incluida en el Paquete Económico 2027 elevaría el cobro que realizan los visitantes extranjeros sin permiso para efectuar actividades remuneradas de 983 a mil 334.80 pesos por persona, es decir, 351.80 pesos adicionales. La modificación todavía se encuentra bajo análisis del Poder Legislativo.
José Ramón Cárdenas González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, informó que la estrategia del sector consiste en sumar organizaciones empresariales estatales y nacionales para presentar conjuntamente sus argumentos ante diputados y senadores antes de que concluya la discusión del paquete económico.
El dirigente consideró que el incremento se plantea en un momento complicado para la industria turística y señaló que deben tomarse en cuenta factores como los costos de la aviación y las condiciones de la conectividad aérea antes de aumentar el costo que representa para un visitante extranjero ingresar al país.
La inconformidad no se limita a los empresarios de la Riviera Maya. Los cuatro centros empresariales de Coparmex en Quintana Roo solicitaron al Congreso evaluar técnicamente los posibles efectos de la medida sobre la competitividad de los destinos turísticos antes de aprobarla.
El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano también pidió reconsiderar el ajuste y argumentó que podría encarecer la llegada de turistas internacionales y reducir la competitividad de Quintana Roo frente a otros destinos del Caribe. Estas posibles consecuencias corresponden a las previsiones expresadas por los organismos empresariales y no a efectos que ya se hayan producido.
La Secretaría de Turismo federal mantiene una posición diferente. Su titular, Josefina Rodríguez Zamora, descartó que el aumento propuesto provoque una reducción en el flujo de turistas internacionales y señaló que los recursos adicionales permitirían mejorar infraestructura del Instituto Nacional de Migración.
Cárdenas González explicó que, por el momento, el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya no contempla recurrir a tribunales, debido a que el nuevo monto todavía es una propuesta y puede ser modificado durante su discusión en el Congreso.
Por ello, los esfuerzos se concentrarán inicialmente en el diálogo con legisladores y en ampliar el número de organizaciones que respalden la petición de revisar el incremento.
En caso de que el Congreso apruebe el ajuste sin modificaciones, el sector empresarial analizaría posteriormente, con asesoría jurídica, las alternativas disponibles, indicó Cárdenas González.
El planteamiento forma parte de la reforma a la Ley Federal de Derechos incluida en el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda al Congreso el pasado 8 de septiembre. Por ahora, el cobro de mil 334.80 pesos previsto para 2027 no está vigente y dependerá de las modificaciones y aprobaciones que se produzcan durante el proceso legislativo.