Signos
El ciudadano, como tal y en su calidad de elector, es el único que debe decidir si las acusaciones y sentencias políticas son infundios o verdades. No la autoridad electoral.
Lo que cuenta es lo que el ciudadano cree, es su responsabilidad crítica, cívica y moral. La de las partes que se acusan y se enlodan para ganar campañas de propaganda es la de convencer sobre sus propias causas y razones, ciertas o falsas. (La Presidenta difunde piltrafas todos los días. Y las recibe, del mismo modo.)
Y si en el dolo sentencioso hay delito qué perseguir, por difamación, daño moral, etcétera, pues tendrían que hacerse valer las leyes y las instituciones generales del sistema de Justicia -las del fuero común o federal, según corresponda- en el sentido de la defensa, sin excepciones ni argucias políticas, del derecho ciudadano.
Y si en los aparadores panfletarios, la dirigencia del PRI atenta contra la dignidad de particulares de otros partidos, que la política, entonces, y sus demagogos y voceros se ocupen de devolver los golpes mediáticos del enemigo.
Y que el ciudadano y el electorado y la opinión pública juzguen. No la institucionalidad electoral y sus confusas y arbitrarias subjetividades disponibles para la censura.
Regular la diatriba política es atentar contra la política y la libertad de expresión. El exceso regulatorio confisca las libertades. Si el ejercicio político es reprobable en sus campañas públicas, que sus destinatarios del público lo determinen y lo condenen en las urnas.
La sobrepoblada y costosa institucionalidad electoral debiera investigar y castigar el uso de financiamientos negros del erario y la delincuencia en la política y las elecciones (lo que nunca ha hecho ni hace), y debiera celebrar y administrar los comicios, en efecto, como toda autoridad en el mundo civilizado. Pero las guerras del discurso y el proselitismo debían resolverse entre las partes o en los estrados ministeriales y judiciales. Meter las narices burocráticas en eso sólo contribuye a enturbiarlo. Algo tan propio de la democracia mexicana: leyes e instituciones más al servicio de la politiquería y los poderes fácticos, que de la verdadera justicia.
SM