Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- La XVIII Legislatura de Quintana Roo dio entrada este miércoles a la iniciativa de la gobernadora Mara Lezama Espinosa que concreta la extinción del órgano público autónomo Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaipqroo), con la emisión de una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado.
Además de impulsar la renovación de estas dos leyes, la iniciativa propone un ajuste a la Constitución para precisar obligaciones de funcionarios y nuevos órganos garantes del derecho a la información pública que sustituirán al Idaipqroo, así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para especificar que el órgano garante del Poder Ejecutivo también tendrá facultades para aplicar sanciones.
La nueva Ley de Transparencia sustituirá al Idaipqroo con un nuevo órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Sabgob), bautizado como Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, que se encargará de supervisar el cumplimiento y atender las quejas respecto a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado y de los 11 municipios.
Además, las funciones del extinto Idaipqroo, como órganos garantes, las asumirán los órganos encargados de la contraloría en los demás poderes y en los órganos autónomos que todavía quedan, de la siguiente manera:
– En el Poder Legislativo, el Órgano Interno de Control;
– En el Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial;
– En la Comisión de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral, el Órgano de Control Interno de cada uno.
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) queda asignado como órgano garante en el caso de la información pública de los partidos políticos, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para el caso de los sindicatos, de modo que las funciones que atendía antes sólo un órgano se dividieron en 12 instancias.
De acuerdo a la iniciativa de ley, al parecer se tiene la intención de que el titular del nuevo Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo sea alguien procedente de otra entidad federativa, porque dispone que no se necesita ser quintanarroense para ocupar el cargo, lo cual entra en franca contradicción con la Ley Orgánica de la Administración Pública, que obliga a que los directores de los órganos desconcentrados sean nacidos o con residencia mínima de cinco años en el estado.
Esto se debe a que la esta última ley indica que los titulares de los cargos dentro de la Administración Central, de la cual forman parte los órganos desconcentrados según su artículo 6, deben cumplir los mismos requisitos para ser secretarios de gabinete.
Para dirigir el nuevo Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo sólo se pedirá ser persona ciudadana mexicana con al menos 30 años de edad y licenciatura, además de los requisitos de no haber sido dirigente partidista o funcionario por elección popular, Fiscal General o secretario de gabinete durante el año anterior; así como no ser persona violentadora de género ni deudora alimentaria morosa, ni ministro de culto religioso.
Cabe mencionar que la reforma no es clara y precisa en sus artículos transitorios sobre el traspaso del personal del Idaipqroo al nuevo Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, a pesar de que la reforma constitucional que ordenó la extinción del órgano autónomo indica que los recursos humanos, junto con los presupuestales, financieros y materiales, deben pasar a formar parte de la dependencia del Poder Ejecutivo Estatal que asuma sus atribuciones, que es la Sabgob.
Sobre la situación de los trabajadores, la iniciativa sólo dice que “se respetarán” sus derechos laborales conforme a la Ley Burocrática del estado y la Ley Federal del Trabajo, y que, en su liquidación, el Idaipqroo entregará la lista del personal con detalles de la antigüedad y la modalidad de su prestación de servicios, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social “realice las acciones que correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.
Por otra parte, se dispone que las nuevas leyes entren en vigor al día siguiente de su publicación, y conforme a la reforma a la Constitución del Estado que se realizó desde enero de este año, en ese momento, de inmediato, quedará extinto el Idaipqroo, y las personas que ocupan los cargos de comisionadas y comisionado del órgano, Magda Lozano Ocman, Claudette González Arellano y José Roberto Agundis Yerena, cesarán en sus funciones.
Asimismo, a partir de la entrada en vigor deberá iniciar un proceso de liquidación del Idaipqroo, que estará a cargo de un liquidador designado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que concluirá en un plazo de hasta cinco días para el caso de la entrega de los recursos financieros y materiales, y hasta en 10 días para la entrega de informes de Cuenta Pública y los elementos de seguridad de administrador para el acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Por lo demás, cabe señalar que estas iniciativas llegan casi seis meses fuera del plazo legal para la extinción del Idaipqroo establecido en la reforma federal y en la propia reforma constitucional local, realizada en enero pasado, pues esta había establecido que las nuevas leyes en la materia y, por ende, la desaparición del órgano autónomo, debían realizarse 90 días después de su entrada en vigor, por lo que el término se cumplió a mediados de mayo.