Gana Bonfil el litigio de 17 mil millones contra el despojo de Joaquín Hendricks

Hace casi cinco décadas, más de 200 familias llegaron a Quintana Roo procedentes de los Estados de Durango, Sonora y Coahuila, sobre todo, para fundar el Ejido Alfredo V. Bonfil, por invitación del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, quien ordenó desmontar y colonizar las selvas quintanarroenses con gente de todas partes del país, con el propósito de incrementar el número de habitantes del entonces Territorio Federal y poder convertirlo en entidad federativa, como haría también con Baja California Sur, el otro Estado creado por Echeverría. En segunda instancia, se argumentaba que aquellos comuneros –buena parte de ellos ajenos al agro- podrían convertirse en la población agrícola que dotaría de alimentos al naciente proyecto turístico de Cancún, como también abastecería la demanda de ese mercado la producción rural procedente de las tierras del sur, en la Ribera del Río Hondo, colonizada para los mismos efectos. Pero no fue así. Entre otras cosas, al proyecto echeverrista no le importó ni que la inmigración no fuera del todo campesina ni que el suelo de Quintana Roo –sobre todo el del norte y más próximo al litoral, surcado, además, por ríos subterráneos y cenotes- fuese mayormente calcáreo y poroso, y por lo tanto incapaz de retener el agua indispensable para los cultivos. Miles de hectáreas fueron devastadas en aras de un agro inventado por la politiquería y el clientelismo priista, que a la postre mostraría el fracaso derivado de la improvisación y el aventurerismo populistas que durante décadas hundió a un país que, antes de eso, fue una potencia económica y alimentaria ejemplar en América Latina, y que después de eso y en el colmo de todos sus males, cayó en manos de la rapacidad privatizadora y neoliberal que lo destruyera como nunca en su historia. El proyecto presidencial fue una calamidad productiva, y el derroche de recursos redundó en un crimen contra el vasto patrimonio forestal de la región. Cancún se convirtió en el mayor centro turístico del país. Sin embargo, también se volvió un imán de la indigencia nacional, lo que sumado a unas autoridades corruptas e incapaces de ordenar su crecimiento (el ‘proyecto turístico integralmente planificado’ proponía no más de 250 mil habitantes en 25 años, para una ciudad de trabajadores y proveedores de servicios a la hotelería de playa), ocasionó que a la vuelta de sólo un par de décadas derivara a lo que es hoy: una ciudad caótica e ingobernable, agobiada por la marginalidad, la violencia, la desigualdad social, la degradación fiscal, y un crecimiento de la demanda que desborda sus ingresos. De pronto, la población y la colonización precarista se triplicaron y las mayorías se hacinaron en crecientes cinturones de miseria que no terminan de expandirse ante la inercia gobernante –y la urbanización improvisada que produce buenos negocios de poder y millonarias ganancias-, del mismo modo que las zonas residenciales se fueron extendiendo y amurallando hacia todas partes y alcanzando, como era de esperarse, al Ejido Bonfil. Fue entonces cuando las dirigencias ejidales vieron la oportunidad de hacer tratos ventajosos con sus reservas de tierra, que en su origen no sirvieron para producir nada y al cabo, y en medio de la anarquía inmobiliaria y con el viento a favor de la corrupción pública, se convirtieron en la fuente de las ganancias con las que nunca soñaron los fundadores de dicha comunidad ‘rural’. El quinto gobernador de la entidad y hoy magnate de los negocios con prestanombres, Joaquín Hendricks Díaz, no batalló mucho para convencer a los bonfileños de vender más de dos mil hectáreas a través de una inmobiliaria que había creado en sociedad con Francisco Garibay Osorio, titular entonces del hoy desaparecido Inviqroo –Instituto de la Vivienda de Quintana Roo, que se transformaría en Infovir (Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad) y en Ipae (Instituto del Patrimonio del Estado), y luego en Secretarías del Ejecutivo-, denominada Bonfil Nueva Alternativa de Quintana Roo S.A. de C.V. (Gestora Bonaqroo). La operación, valorada en más de 17 mil millones de pesos, resultó un éxito para el exmandatario, pero no para los ejidatarios, quienes no recibieron un solo peso. Pese a ello, la venta de tierras continuó, empujada por la ambición de las autoridades ejidales –entre ellas, los representantes ligados a Hendricks Díaz-, generando fraccionamientos sin los servicios básicos de agua potable, drenaje y energía eléctrica. Y hoy, unas 35 mil personas están siendo afectadas y a punto de ser desalojadas por una resolución del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 a favor del núcleo ejidal Nuevo Centro de Población Ejidal Alfredo V. Bonfil. La sentencia les restituye a los ejidatarios cinco mil 117 hectáreas que habían sido desincorporadas y comercializadas para ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

Javier Ramírez

El Ejido Alfredo V. Bonfil fue creado en 1974 como parte de la colonización rural que daría lugar a la formación del Estado, y para proveer, según esto, los productos agropecuarios que necesitaría la naciente ciudad de Cancún. Pero la falacia productiva en un territorio sin vocación agraria y el crecimiento acelerado y desmedido de Cancún, evidenciaron los alcances reales de la demagogia del abasto. En su lugar, los dirigentes ejidales se dedicaron al negocio inmobiliario, vendiendo tierras cotizadas en millones de dólares.

Tan sólo cuatro mil 400 hectáreas, de las 25 mil con que contaba el Ejido, se vendieron en 11 mil millones de pesos para la construcción de lujosos fraccionamientos residenciales. Ése es el tipo de negocios que enriquecen a las mafias ejidales en los entornos con plusvalía urbana y turística del Caribe mexicano.

Con tanto dinero de por medio y con una inseguridad jurídica de las más elevadas del país, es evidente que las disputas por el botín de la tierra son el pan de cada día. En la actualidad, el Ejido Alfredo V. Bonfil atraviesa por al menos 30 juicios y acciones penales que involucran a ejidatarios, a invasores, y hasta a una inmobiliaria ligada al exgobernador Joaquín Hendricks Díaz, por fraude y malversación de fondos. Y los problemas se agudizaron cuando los últimos Programas de Desarrollo Urbano (PDU) del Municipio de Benito Juárez consideraron la expansión de Cancún hacia predios propiedad del referido Ejido; PDU’s diseñados a la medida de los intereses inmobiliarios de las autoridades –estatales y municipales- en turno y de sus socios empresariales en el sector, y que se modifican –dichos planes de desarrollo- al son de los cambios políticos, así sean proyectados para regir durante décadas el crecimiento de la ciudad (un mal que prolifera en el país desde los ochenta, cuando se reglamentó la autonomía municipal y los alcaldes convirtieron la venta de usos de suelo y densidades inmobiliarias –con la consecuente destrucción de las urbes- en su particular industria).

La historia de un Ejido

“Llegamos desde Nuevo León en 1974, como parte de un programa agropecuario durante el sexenio de Luis Echeverría”, relató alguna vez a Estosdías don Jesús Aguilar, ejidatario fundador de Alfredo V. Bonfil.

“Éramos casi mil 500, todos del norte del país. En nuestros Estados ya no teníamos tierras para trabajar, así que nos invitaron para formar parte de un proyecto para cultivar todos los productos del campo que iba a necesitar la ciudad de Cancún, desde frutos hasta carne de ganado”.

Sin embargo, contaba don Jesús, las condiciones del lugar, como hubiera sido de esperarse, complicaron las actividades de la agricultura y la ganadería. Muchos se regresaron y sólo quedaron 250 familias. El Gobierno de Echeverría tenía contemplado que Cancún creciera a un ritmo de 10 mil personas por año, lo que permitiría al Ejido incrementar la producción agropecuaria a la par del crecimiento de la población.

Pero lo que en realidad sucedió todos lo saben: Cancún creció a un ritmo demencial, el mayor de todo el país, gracias a que ofrecía a la gente de otras entidades empleos de escasa capacitación pero con buena remuneración, lo que provocó que el propósito del Ejido nunca se cumpliera, pues en sólo unos años se vio rebasado por la creciente y exponencial demanda de la ‘joya turística’.

Pero la causa del fracaso del Ejido también se convirtió en su mejor oportunidad: una urbe como Cancún, en constante crecimiento y sin interés alguno de sus gobernantes de regularlo y contenerlo, necesita terreno para expandirse. Los propietarios se dedicaron a la actividad más rentable de los Ejidos: la venta de predios para fraccionamientos.

“Fue entonces cuando se decidió dividir el Ejido en siete polígonos. Dos de ellos, con una extensión aproximada conjunta de cuatro mil 300 hectáreas y ubicados justo al norte del Ejido, fueron vendidos a constructoras e inmobiliarias que, a su vez, construyeron los fraccionamientos residenciales de lujo, por transacciones superiores a los ocho mil millones de pesos”, dijo el entrevistado.

Otros dos polígonos fueron reservados para las casas de los fundadores y sus familias.

El Ayuntamiento de Benito Juárez tenía la mira puesta en dos polígonos, de mil 800 hectáreas cada uno, para la ampliación urbana de Cancún. Sin embargo, los más de 120 asentamientos irregulares que existen en esas zonas dificultaron su comercialización.

 “Claro que con millones de pesos de por medio, los conflictos no tardaron en aparecer. Muchos de ellos ni siquiera los hemos resuelto, a pesar de que ya pasaron más de 20 años desde que se originaron”, diría don Jesús.

Uno de ellos, con demanda penal 232/2002, se debió a que los dirigentes del Comisariado Ejidal de ese entonces vendieron de manera irregular más de dos mil lotes con un valor aproximado de mil millones de pesos. Otro, asentado con el número de Averiguación Previa 443/2010, tuvo lugar cuando el Comisariado, por medio de una asamblea en la que sólo participaron 65 de los 225 ejidatarios (lo cual, según sus estatutos, la ilegalizaba), avaló la venta de tres mil 900 predios, con una extensión total de 900 hectáreas y a un precio de casi tres mil millones de pesos.

El fraude mayor

Pero el mayor conflicto lo han tenido con el exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, por el fraude en la venta de dos mil 168 hectáreas con un valor de 17 mil millones de pesos.

“Todo comenzó en el 2002, durante el sexenio de Hendricks Díaz”, relataba Jesús Aguilar, “cuando el entonces gobernador nos ofreció comprar más de dos mil hectáreas para un proyecto de desarrollo de Cancún”.

Para ello, el entonces gobernador convocó a dos de sus principales operadores de negocios inmobiliarios privados, el director del entonces Instituto de la Vivienda de Quintana Roo (Inviqroo), Francisco Garibay Osorio, y Martín Martínez Javier, delegado del Inviqroo en el norte de la entidad -y quien en febrero del año pasado fue ejecutado en la Supermanzana 15 de Cancún-, para crear la inmobiliaria denominada Bonfil Nueva Alternativa de Quintana Roo S.A. de C.V. (Gestora Bonaqroo), así como una sociedad entre el Gobierno del Estado, el Ejido Bonfil, Bonaqroo, el después llamado Instituto del Patrimonio del Estado (Ipae) y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett).

“En menos de un mes, antes de iniciar el 2003, se desincorporaron dos mil 168 hectáreas del Ejido, para ser entregadas a la gestora Bonaqroo, con participación del que fuera el Ipae y de la Corett, por medio de convenios gubernamentales estatales. Nos dijeron que cada hectárea la venderían para desarrollo inmobiliario, con un precio variable según la zona, pero que oscilaría entre uno y cinco millones de pesos. Por cada venta, el 70 por ciento de las ganancias se entregarían al Ejido y el 30 por ciento al Gobierno estatal”.

El Gobierno del Estado sí recibió la parte correspondiente, pero el Ejido nunca recibió el porcentaje restante: El dinero, casi 17 mil millones de pesos, terminó en manos de Bonaqroo.

Para entender la magnitud de este millonario negocio, se debe considerar que con ese recurso el Gobierno de Quintana Roo pudo haber pagado casi la totalidad de la deuda estatal dejada por el exgobernador Roberto Borge Angulo: 19 mil millones de pesos, en cálculos a la baja (la suma total ascendería a 22 mil millones de pesos).

Desde entonces se han interpuesto más de 29 denuncias ante el Juzgado del Distrito 44 del Tribunal Unitario Agrario, así como juicios mercantiles en contra de Bonaqroo. Ninguna de las querellas había prosperado, hasta hace unas semanas.

Fallo a favor del Ejido

El 18 de febrero pasado, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, Aldo Saúl Muñoz López, mediante un trámite de diligencia de jurisdicción voluntaria con número TUA643/2018, otorgó una sentencia a favor del actual titular del Comisariado Ejidal de Alfredo V. Bonfil, Luis Martínez Rocha, para devolver al Ejido una superficie de más de 5 mil 117 hectáreas que habían sido desincorporadas en asambleas formales y documentadas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Por medio de los oficios 728/2019 y 727/2019, el magistrado otorgó la cancelación de todos los títulos de propiedad que habían sido otorgados en años anteriores.

Este laudo genera una complicada situación para casi 35 mil personas que viven en la zona, las cuales ya denunciaron presuntos intentos de desalojo, por lo que han comenzado un litigio para tratar de revertir la decisión del magistrado.

Los afectados, alguno de ellos con más de 25 años viviendo en colonias no municipalizadas, acusan a Martínez Rocha, junto con Antonina Segovia Sánchez y Víctor Nava Vera, secretaria y tesorero del Comisariado Ejidal, respectivamente, de haber incurrido en un fraude.

La plaga de invasores

Lo cierto es que desde los primeros años de la fundación de Cancún, dirigentes y organizaciones políticas -como Mártires Antorchistas y el Frente Único de Colonos- han organizado invasiones masivas con fines electorales gracias al ‘boom’ del desarrollo turístico y la llegada anual de 40 mil nuevos habitantes que demandan un espacio donde vivir en la zona norte de la entidad y que se vuelven, desde luego, potenciales candidatos a compradores de votos.

El entonces Instituto de la Vivienda de Quintana Roo (Inviqroo), luego Instituto del Patrimonio del Estado (Ipae), posteriormente Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y ahora Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), han sido rebasados por el crecimiento poblacional y los negocios sucios incubados en su entorno merced a la incompetencia y la corrupción institucionales. Las reservas de tierra del Gobierno del Estado se agotaron en los primeros diez años de vida de Cancún, por lo que fomentaron la construcción de casas de interés social por medio de inmobiliarias, con el fin de ofrecer el mayor número de lotes en el menor espacio, impulsando con ello el hacinamiento familiar y destruyendo el medio ambiente, desplegando masivamente chapopote y cemento, sin dejar lugar alguno para áreas verdes.

Es en medio de este caos donde personas como Magaly Achach Solís, exalcaldesa de Benito Juárez, aprovecharon para fomentar la invasión de terrenos en asentamientos irregulares.

Nada de eso ha cambiado en el Ejido Alfredo V. Bonfil, donde hace décadas los jefes ejidales y sus herederos dejaron la agricultura a un lado para hablar de ganancias en miles de millones de dólares producidos por la empresa de la invasión de predios y fundación de colonias irregulares, en la que participan funcionarios, narcos y aventureros, quienes han dejado al poblado convertido en un monumento al vicio y a las aberraciones urbanísticas.