NUEVA YORK.- El exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez dejó de aparecer en los registros de personas bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos, luego de que la audiencia previa a su juicio fuera aplazada sin que la corte fijara una nueva fecha.
Hasta el pasado 4 de agosto, el general se encontraba registrado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Sin embargo, una nueva consulta realizada con su nombre y datos personales arrojó “cero resultados” en el sistema de la BOP.
La desaparición de Mérida Sánchez del registro penitenciario ocurre después de que la corte pospusiera su primera audiencia previa al juicio y, de manera inusual, no estableciera otra fecha para que volviera a comparecer ante el tribunal.
Hasta ahora no existe información oficial que explique el cambio en su situación de custodia. Una de las posibilidades planteadas es que el exfuncionario se encuentre en negociaciones para colaborar con la fiscalía, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades estadounidenses ni por su defensa.
Como antecedente, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, también dejaron de aparecer en los registros de la BOP antes de declararse culpables como parte de negociaciones de colaboración con el gobierno estadounidense.
Mérida Sánchez es el único que se ha entregado a Estados Unidos de los 10 funcionarios y exfuncionarios de la administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya señalados por presuntos actos de corrupción y vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
El exsecretario de Seguridad, de 66 años, cruzó la frontera hacia Arizona y se entregó a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo. Al día siguiente compareció ante una corte de ese estado, que posteriormente ordenó su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, Mérida Sánchez no se declaró culpable ni inocente. Ante esa circunstancia, la corte asentó una declaración de inocencia en su nombre, determinación con la que posteriormente estuvo de acuerdo su abogada.
Su defensa no respondió de inmediato a las solicitudes de información de la prensa sobre su actual situación.
El caso se desarrolla mientras autoridades estadounidenses han incrementado el escrutinio sobre personas y empresas presuntamente relacionadas con organizaciones criminales mexicanas. El Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros han reforzado medidas contra compañías con operaciones transfronterizas después de que el presidente Donald Trump clasificara a determinadas organizaciones criminales vinculadas con México como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Las acciones del Departamento del Tesoro han alcanzado a más de medio centenar de personas y empresas relacionadas con actividades como producción de tequila, agricultura, seguridad y servicios logísticos.