CHETUMAL.- El Gobierno de Mara Lezama Espinosa prepara un paquete de más de 50 iniciativas de reforma y nuevas leyes que serán presentadas ante la XVIII Legislatura del Congreso del Estado durante el último año de la actual administración.
Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero jurídico del Gobierno de Quintana Roo, informó que las propuestas buscan actualizar el marco normativo estatal y establecer bases legales que permitan ampliar y proteger los derechos de la ciudadanía a largo plazo.
La agenda legislativa estará vinculada con los objetivos del Plan Estratégico Quintana Roo 2050, por lo que las modificaciones no estarán enfocadas únicamente en atender necesidades inmediatas, sino también en establecer condiciones jurídicas para el desarrollo de la entidad durante las próximas décadas.
Entre los principales temas que comprenderá el paquete se encuentran bienestar social, seguridad pública, combate a la corrupción, movilidad, desarrollo económico sostenible y protección del medio ambiente.
Fuentes del Río explicó que uno de los objetivos será construir un marco jurídico acorde con las nuevas necesidades de Quintana Roo y fortalecer los mecanismos institucionales destinados a proteger los derechos de la población.
Las iniciativas también contemplarán modificaciones encaminadas a incrementar la transparencia en la función pública y reforzar los mecanismos para que las autoridades actúen bajo principios de legalidad y rendición de cuentas.
El consejero jurídico señaló que la ciudadanía deberá permanecer como eje central de la administración pública, por lo que las reformas buscarán dotar a las instituciones de mayores herramientas para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio de derechos.
La propuesta adquiere relevancia al tratarse de una de las principales agendas jurídicas que impulsará la administración de Mara Lezama durante la recta final de su gobierno.
A diferencia de reformas dirigidas exclusivamente a resolver problemas coyunturales, el paquete pretende establecer disposiciones que permanezcan vigentes más allá del actual periodo gubernamental y sirvan como soporte para políticas públicas de largo plazo.
La visión contempla también adaptar las instituciones a los retos derivados del crecimiento poblacional y económico de Quintana Roo, particularmente en áreas como movilidad, seguridad, medio ambiente y desarrollo social.
La Consejería Jurídica continuará durante los próximos meses con la integración y revisión de las más de 50 propuestas antes de turnarlas al Poder Legislativo.
Una vez presentadas, corresponderá a las diputadas y diputados de la XVIII Legislatura analizar, discutir y determinar la aprobación o modificación de cada una de las iniciativas.
Con este paquete, el Gobierno estatal pretende dejar una estructura jurídica alineada con el horizonte planteado para Quintana Roo hacia 2050 y consolidar durante su último año reformas que trasciendan la actual administración.