CIUDAD DE MÉXICO.- Adidas, Mattel, Bachoco, Procter & Gamble y Softtek forman parte de los clientes que contrataron a alguna de las 43 factureras denunciadas por el Gobierno federal por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.
El periódico Milenio obtuvo el documento donde se muestran las razones sociales de las 3 mil 83 personas morales que contaron con los servicios de las factureras que presentaron operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos y dejaron de pagar 55 mil 125 millones de pesos de impuestos.
También existen 5 mil 129 personas físicas en esta situación, cuya identidad no se ha revelado.
La Ciudad de México concentra la mayor parte de clientes que trabajaron con las factureras, con mil 26 y el 29 por ciento de las transacciones económicas, seguida de Jalisco con 396, Estado de México con 182, Nuevo León con 136, Baja California con 133 y Quintana Roo 125.
Entre las razones sociales de las firmas destacan Editora El Sol S.A. de C.V. y Consorcio Interamericano de Comunicación S.A. de C.V. (Grupo Reforma), ambas con sede en Monterrey, Nuevo León. También Adidas de México y Mattel de México en Ciudad de México, así como Bachoco en Guanajuato.
El procurador fiscal, Carlos Romero, indicó que las factureras prestaron servicios a 8 mil 212 personas físicas y morales, a las que les enviarán un oficio invitándoles a regularizarse en un plazo de tres meses y, si no lo hacen, “presentarán denuncias contra el compro de facturas”.
Las firmas que más adeudos tienen son: Softtek Servicios y Tecnología S.A. de C.V., con 2 mil 969 millones de pesos; Procter & Gamble México INC., con mil 865 millones de pesos; Lovies S.A. de C.V. y Proaser Suministros S.A. de C.V., con mil 491 millones de pesos, las tres con sede en Ciudad de México.
Asimismo, Soluciones Empresariales y Patrimoniales Dig S.A. de C.V., de Coahuila, con un adeudo de mil 351 millones y Regtar S.A. de C.V., de Jalisco, con mil 98 millones de pesos.
El procurador Romero anunció las siete querellas contra las factureras que fueron constituidas en 2010 con prestanombres que ponían domicilios fiscales en terrenos baldíos.
Las operaciones simuladas por 93 mil millones causaron 24 mil 583 millones de pesos de ISR y 11 mil 396 de IVA; además, pagaron nómina, pero no dieron al SAT la retención del ISR por 19 mil 146 millones de pesos.
Las factureras involucradas en la investigación el año fiscal 2017 comparten asimilados, representantes legales, accionistas y el grueso de las operaciones facturadas son a través de servicios.
Las penas que podrían alcanzar los involucrados de los 9 años si se les acusa de defraudación fiscal, 16 años por delincuencia organizada y 13 años y medio de prisión preventiva por el delito contra la seguridad nacional.
Fuente: Milenio