FELIPE CARRILLO PUERTO.- El Gran Consejo Maya de Quintana Roo pidió al Gobierno federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que su representación sea tomada en cuenta directamente en las decisiones relacionadas con los derechos y el patrimonio cultural de las comunidades mayas, al considerar que existen disposiciones y criterios que pueden limitar el reconocimiento de su autonomía.
A través de una carta abierta dirigida a la Presidencia de la República y a integrantes de la SCJN, el organismo expresó objeciones a la propuesta de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y sostuvo que cualquier legislación en esta materia debe construirse con participación efectiva de las propias comunidades.
El Consejo argumentó que su representación está integrada por dignatarios de cinco centros ceremoniales y dos iglesias tradicionales de Quintana Roo y que su existencia se encuentra contemplada en la legislación estatal desde 1998. Durante una discusión de la propia Suprema Corte en marzo pasado también se hizo referencia a ese reconocimiento legal y a documentos presentados para respaldar su carácter representativo.
“Durante generaciones, el pueblo maya ha conservado su lengua, sus ceremonias, sus centros sagrados, sus conocimientos y sus formas de organización”, expuso el organismo, que pidió que las decisiones institucionales relacionadas con esos elementos no se adopten sin escuchar directamente a sus representantes.
El Gran Consejo Maya sostuvo que su planteamiento no busca confrontar al Gobierno federal ni a la Suprema Corte, sino defender su participación en asuntos que considera directamente relacionados con su cultura, organización y patrimonio.
En su mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Consejo pidió que el reconocimiento gubernamental a los pueblos indígenas se traduzca en mecanismos efectivos de consulta y participación y que las instituciones no determinen por sí mismas quién puede representar a las comunidades.
El posicionamiento coincide con cuestionamientos expresados dentro del Seminario Patrimonio Cultural: Antropología, Historia y Legislación, organizado por la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), espacio académico coordinado por el investigador Bolfy Cottom.
De acuerdo con lo expuesto en ese foro, especialistas identificaron ambigüedades y omisiones en la propuesta legislativa y cuestionaron aspectos del proceso de consulta a los pueblos indígenas. Entre los señalamientos expresados se encuentra la necesidad de incorporar una perspectiva histórica y antropológica y ampliar la participación de las comunidades involucradas. Esas valoraciones corresponden a los participantes del seminario y se suman ahora a las objeciones planteadas por el Gran Consejo Maya.
El pronunciamiento ocurre además mientras permanece abierta una controversia jurídica relacionada con el uso comercial de elementos del patrimonio cultural maya por parte de Grupo Xcaret.
El conflicto comenzó en 2022, cuando el Gran Consejo Maya promovió acciones ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). Posteriormente, el organismo y Grupo Xcaret sostuvieron un proceso de diálogo que derivó en un acuerdo relacionado con el uso de elementos culturales.
Durante el litigio se dio a conocer que ese acuerdo contemplaba una contraprestación de 15 millones de pesos durante cinco años. La validez y alcance de la autorización otorgada por el Gran Consejo se convirtió posteriormente en uno de los puntos de discusión ante la Suprema Corte.
El 26 de marzo, el Pleno de la SCJN revocó, por siete votos contra dos, la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret continuar utilizando elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad mientras se resolvía el litigio de fondo. La Corte determinó que la protección colectiva del patrimonio cultural indígena debía prevalecer frente al interés económico alegado por la empresa.
La resolución correspondió a una revisión de la medida cautelar y no resolvió definitivamente el litigio de fondo. La discusión judicial también dejó expuestas diferencias respecto del alcance de la representación del Gran Consejo Maya y de su capacidad para autorizar por sí solo el aprovechamiento de elementos pertenecientes al patrimonio colectivo del pueblo maya.
Frente a este escenario, el organismo indígena reclama que cualquier nueva etapa judicial relacionada con su representación o con los acuerdos que suscribió incluya directamente su posición.
“No necesitamos que alguien más piense, decida o hable por nosotros”, sostuvo el Consejo en su pronunciamiento.
El planteamiento central de la organización es que el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas debe incluir también su intervención directa en los procedimientos legislativos, administrativos y judiciales que incidan sobre su organización y patrimonio cultural.
“No decidan sobre nosotros sin nosotros”, concluyó el Gran Consejo Maya.