Signos
Qué relajo.
Caso Ayotzinapa, por ejemplo.
Se olvidaron de los sicarios y sus jefes, de quienes sobraba evidencia de su culpabilidad en el exterminio a fuego vivo, en el basurero de Cocula, de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En la nueva verdad histórica del obradorismo (y donde la parte de los padres de los asesinados y sus seguidores se ha rebelado ahora contra el Presidente López Obrador, al que culpa de proteger las infamias del Ejército en los hechos) se dice que a los sicarios detenidos y al jefe de ellos, de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, se les torturó para que confesaran la autoría del multihomicidio y por tanto serían inocentes. Y como los inconformes de todas las verdades históricas -o los del lado del movimiento de los padres de los estudiantes muertos- culpan a los militares del cuartel de la zona de haber intervenido de alguna manera en los acontecimientos ocurridos en Iguala, donde tuvo lugar el secuestro de los estudiantes hace diez años, pues entonces acusan a la jerarquía militar de negarse a dar a conocer los expedientes sobre sus operaciones en torno al caso y de encubrir, por tanto, a los efectivos que, según su elocuente lógica, serían, asimismo, los verdaderos culpables de la masacre, y Andrés Manuel cómplice de la misma por respaldar a la Secretaría de la Defensa en el ocultamiento de esta parte de la segunda verdad histórica.
Pero de Sidronio Casarrubias se conoce bien una entrevista con uno de sus torturadores, Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República entonces y hoy bajo arresto domiciliario como implicado en el crimen de los llamados ’43’. Y en dicha sesión de tortura le advirtió, sentado frente a él y cara a cara, que se acogiera a la protección de la Justicia y permitiera la protección, también, de su familia, para que no quedaran a merced de la venganza del grupo criminal enemigo, el de Los Rojos, del que, por lo demás, se supo que controlaba la Normal de Ayotzinapa y a su Director, y en cuya guerra, según la primera verdad histórica, se produjo la matanza cuando un grupo de Los Guerreros Unidos interceptó el autobús tomado por los estudiantes para participar en una manifestación en Iguala (cuyo Alcalde, aún preso, era parte de la organización de Los Guerreros Unidos, como su esposa, también presa, que en la noche de los hechos rendía su informe anual de labores como Presidenta del DIF Municipal y contra la que se haría la manifestación de los normalistas secuestradores del autobús) suponiendo que eran integrantes de Los Rojos que pretendían emboscarlos a ellos, a los del bando de Casarrubias.
Se ha olvidado eso. Y que en la sesión de tortura videograbada contra otro de los integrantes de Guerreros Unidos y en la que el sicario confiesa su participación en el exterminio de Cocula, Tomás Cerón, entonces Jefe de Investigación Criminal de la PGR y ahora prófugo y exiliado en Israel, lo amenaza de muerte y de todo para que exponga los pormenores de su participación en la matanza pero no se advierte, en la entrevista grabada y luego divulgada sin conocimiento del entrevistador, ninguna tortura distinta del recurso de presión que cualquier investigador policial usaría en los separos en contra de cualquier homicida de la mayor crueldad y resistencia a aceptar todo cuanto se le acuse. (Cerón no hace más en esa sesión de tortura que lo que cualquier personaje policiaco de ficción hace arrinconando a un presunto delincuente que se niega a confesar, o de cualquier serie policiaca de sucesos reales, o lo que hace cualquier policía para hacer que confiese un detenido.) ¿Derechos humanos? Ante las más horrendas barbaries sus autores, por su misma naturaleza inhumana y refractaria e insensible al dolor, se declaran inocentes. Y a la mínima presión de los interrogadores y detrás del amparo institucional de los derechos humanos se asumen como víctimas de tortura.
Y así, en la primera verdad histórica unos brutales asesinos quemaron sin piedad a decenas de estudiantes confundidos con integrantes de otra banda criminal y fueron encarcelados y procesados. Y en la segunda, esos demenciales asesinos fueron convertidos en víctimas de tortura y los culpables de la misma están presos o prófugos de la Justicia y son cómplices, asimismo, de los militares que se han negado a entregar las pruebas de su participación en la mortandad.
Se politizan los peores crímenes y se diluyen en las frivolidades y confusiones de los intereses mediáticos las verdades históricas más sensibles y necesarias. No se privilegian las razones mejor sustentadas en su objetiva relatividad. Y en las confrontaciones militantes y la justicia selectiva de la propaganda, la atrocidad del hecho se volvió confusa humareda sin solución.
Caso reforma judicial, por ejemplo.
La cuestionable elección popular directa de Jueces, Magistrados y Ministros es un tema. La corrupción y la autonomía para autoasignarse privilegios y autosancionar comportamientos y decisiones jurisdiccionales desde un orden constitucional adulterado (o reformado a conveniencia del poder político en turno) en beneficio de élites sobrepagadas y sin controles alternos e independientes de sí mismas que les impidan la parcialidad y la arbitrariedad en los juicios entre los llamados justiciables, es otro tema.
Se puede revisar la alternativa electoral en materia judicial y perfeccionarla y fortalecerla en todos sus flancos vulnerables. Muy bien. ¿Pero atenta contra la soberanía del Poder Judicial la existencia de un Tribunal Disciplinario autónomo que sancione el papel de la pirámide de juzgadores y reemplace a un Consejo de la Judicatura controlado por los Ministros de la Suprema Corte que imponen sus criterios absolutos como última e inapelable instancia procesal?
¿Por qué todo tiene que ser un relajo de absolutos encontrados donde no caben los matices, las relatividades y las ganancias constitucionales del derecho de todos y no sólo de los bandos políticos que se baten en la arena del poder del Estado?
Porque los Ministros más poderosos de la Corte quisieron resistir la demanda constitucional de reforma judicial del Presidente en el principio de su gestión, saboteando todas sus iniciativas de reforma estructural en distintos sectores institucionales estratégicos de su administración, como el energético, y defendiendo en los tribunales causas criminales y atentatorias contra el interés público más evidente.
Una relación menos rijosa y más dialogante y complementaria hubiese bastado para evitar la sacudida del mayoriteo parlamentario absoluto de las urnas que, para evitar soberbios soberanismos futuros y escarmentar la suficiencia dolosa de quienes se han creído superiores a todo y dueños de sus investiduras y de sus inalcanzables decisiones de tribunos constitucionalistas incuestionables, les impuso un poder presidencial si no más razonable que el suyo en lo que a convertir a los jueces y aspirantes a serlo en políticos en competencia, sí más legitimado en la autoridad mayoritaria de los ciudadanos.
Lo único que se necesitaba era prudencia y vocación ética de los Ministros para convenir una reforma con que se despojaran de los fueros de magnates de la vida pública y de árbitros inatacables de sus propios intereses a la hora de juzgar. Lo único que se necesitaba era que aceptaran juzgar a los justiciables y ser juzgados por sus propios actos.
¿Pero es que no puede haber una Justicia al mismo tiempo soberana que representada por liderazgos judiciales austeros, justos y regidos por mecanismos institucionales independientes que sancionen su desempeño? ¿No puede haber acuerdos republicanos que hagan eso posible y eviten la radicalización de politizar a los jueces en las urnas?
¿Por qué los procesos de la democracia para hacer justicia en México, como en el caso de Ayotzinapa o de la corrupción en el Poder Judicial que favorece lo mismo a sicarios que a poderosos defraudadores fiscales, se convierten en todo un reverendo desmadre?
SM